En Pataz, la minería ilegal de oro no solo amenaza la seguridad ambiental y social, sino que también alcanza cifras económicas que igualan a la minería formal en exportaciones, un fenómeno que pone en jaque la estabilidad económica y el control del Estado.
Pataz: la minería ilegal, un negocio en el que ganan unos pocos
Según un informe elaborado por Bank of America, con datos del Instituto Peruano de Economía (IPE), las exportaciones de oro ilegal podrían alcanzar este año la sorprendente cifra de 12 000 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 4 % del Producto Bruto Interno (PBI) del país, y una expansión vertiginosa, cuadruplicando las cifras de 2019.
Esta estimación pone al descubierto un mercado negro que se mueve casi al ritmo del oro legal, siendo Pataz una de las zonas más afectadas dentro de La Libertad.
Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE, señaló que estos datos podrían subestimar la verdadera magnitud del fenómeno. «En el peor escenario, la minería ilegal iguala a la producción formal; en el mejor, la supera».
Un aspecto crucial en la expansión de este fenómeno es el blanqueo de oro a través de plantas procesadoras que no cuentan con minas propias, pero que, sin embargo, figuran entre las mayores productoras de oro del país.
Esta situación ha sido claramente identificado por el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), que advierte que estas plataformas facilitan que el oro ilegal ingrese al circuito formal, alimentando la cadena de exportación.
Algo no cuadra: se exporta más oro del que se produce
José de Echave, economista y exviceministro de Gestión Ambiental, aportó luz sobre la discrepancia entre la producción y exportación de oro en el país, destacando que el Perú sigue en un momento histórico donde «se está exportando de lejos mucho más oro del que realmente se produce”.
En 2024, la producción alcanzó alrededor de 90 toneladas, mientras que las exportaciones bordeaban las 170 toneladas, un desequilibrio inquietante que refleja el impacto de la minería ilegal.
La expansión de la minería ilegal no se limita a Pataz. Regiones como Cusco, Apurímac, Piura, Ica y Arequipa también reportan un crecimiento significativo de actividades ilícitas, multiplicándose por cuatro en el periodo 2019-2025, en paralelo a la subida de precios del oro y otros minerales como el cobre.
Este escenario complejo encuentra en el fracaso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) una de sus causas. Han pasado más de diez años desde su implementación, y apenas el 2% de los inscritos ha logrado cumplir con la formalización.
A esto se suma la reducción significativa del presupuesto estatal para combatir la minería ilegal, con un recorte de aproximadamente 20 millones de soles entre 2024 y 2025 en el área asignada a combatir esta problemática.
Con exportaciones ilegales que ya alcanzan niveles similares a lo formal, plantas procesadoras que blanquean oro sin respaldo legal y un Estado con recursos cada vez más limitados para enfrentarlo, la minería ilegal avanza con fuerza, especialmente en zonas de difícil acceso y con baja presencia estatal.
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