Mientras el fenómeno El Niño vuelve a convertirse en una amenaza para la costa norte del país, la capacidad de respuesta de las autoridades de La Libertad enfrenta un serio cuestionamiento.
Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló que el Gobierno Regional y 36 municipalidades presentan una baja ejecución del presupuesto destinado a prevenir y atender desastres naturales, pese a que decenas de distritos ya se encuentran en estado de emergencia.
La advertencia llega en un momento clave. El Ejecutivo declaró en emergencia a 63 distritos de 11 provincias liberteñas por el peligro inminente de lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027. Sin embargo, los recursos asignados para reducir la vulnerabilidad siguen, en gran medida, sin utilizarse.
Gobierno Regional de La Libertad ejecutó solo el 15,7 % del presupuesto
De acuerdo con los informes de orientación de oficio emitidos por la Contraloría General de la República, con información actualizada al 1 de julio de 2026, el Gobierno Regional de La Libertad registra apenas 15,7 % de ejecución en el Programa Presupuestal 0068, destinado a la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.
La situación resulta especialmente preocupante porque el GORE administra la partida presupuestal más alta de la región para este fin.
En total, la Contraloría identificó que 30 entidades públicas presentan niveles de ejecución que oscilan entre el 0 % y el 46,20 %, mientras que siete gobiernos locales ni siquiera asignaron recursos a esta partida presupuestal.
El Niño: municipios con ejecución cero y otros con avances mínimos
El reporte identifica varios gobiernos locales que, a la fecha del corte, no habían ejecutado un solo sol del presupuesto destinado a prevención de desastres. Entre ellos figuran la Municipalidad Provincial de Chepén, Municipalidad Distrital de Guadalupe, Municipalidad Distrital de Guadalupito, Municipalidad Distrital de Santiago de Cao y Municipalidad Distrital de Marcabal.
Otros municipios muestran niveles igualmente bajos. Por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (1,9 %), Municipalidad Distrital de Florencia de Mora (9 %).
Asimismo, las municipalidades distritales de Mollepata, Huaso, Carabamba, Bambamarca, Buldibuyo, Huancaspata y Jequetepeque no registran presupuesto asignado para este programa.
Contraloría exige acciones correctivas
Ante este escenario, la Contraloría remitió 37 informes de orientación de oficio dirigidos a la gobernadora regional y a los alcaldes provinciales y distritales involucrados.
El órgano de control otorgó un plazo máximo de cinco días hábiles para que las autoridades informen qué medidas adoptarán para corregir esta situación y aceleren la ejecución de los recursos públicos destinados a la prevención de emergencias.
La entidad recordó que el Programa Presupuestal 0068, creado mediante el Decreto de Urgencia N.° 024-2010, tiene como finalidad fortalecer la capacidad de respuesta frente a fenómenos como inundaciones, lluvias intensas, sismos, heladas y otros eventos naturales.
El Niño incrementa la presión sobre las autoridades
La alerta adquiere mayor relevancia luego de que el Gobierno publicara el Decreto Supremo N.° 097-2026-PCM, mediante el cual declaró el estado de emergencia en 63 distritos de La Libertad por un periodo de 60 días.
La norma dispone la ejecución inmediata de acciones orientadas a reducir el riesgo, responder ante posibles emergencias y rehabilitar las zonas que puedan resultar afectadas por las precipitaciones previstas durante la temporada 2026-2027.
No obstante, la Contraloría advierte que estas medidas solo podrán ser efectivas si las entidades responsables ejecutan oportunamente los recursos disponibles.
Prevención antes que reacción
Cada temporada de lluvias vuelve a poner en evidencia un problema recurrente en la gestión pública peruana: el presupuesto existe, pero su ejecución avanza con lentitud.
En una región históricamente golpeada por El Niño Costero, donde quebradas activadas, desbordes de ríos e inundaciones han dejado pérdidas millonarias en años anteriores, la baja ejecución presupuestal representa un riesgo adicional para miles de familias.
