Al cumplirse hoy cinco años de la promulgación de la Ley 31155, norma diseñada para prevenir y sancionar el acoso contra las mujeres en la vida política, el balance institucional revela una realidad preocupante: el sistema de protección aún presenta fallas estructurales que dejan a las autoridades y candidatas en situación de vulnerabilidad.
Desde su publicación en el diario oficial El Peruano, el 7 de abril de 2021, la implementación de la ley ha registrado una casuística constante. Según datos de los Centros Emergencia Mujer (CEM), entre julio de 2021 y 2025 se atendieron 61 casos de acoso político, alcanzando su pico crítico en 2023 con 29 atenciones.
La tendencia se mantiene en lo que va de 2026. En apenas tres meses, se han reportado cinco casos adicionales: cuatro de violencia psicológica y uno de violencia física. En la totalidad de estos incidentes, el agresor fue un varón, lo que subraya la naturaleza de género de esta problemática.
Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha documentado 68 casos de violencia contra candidatas en los últimos cuatro procesos electorales. Las modalidades de ataque incluyen: amenazas de muerte, hostigamiento sistemático, divulgación de contenido para menoscabar la imagen pública.
Nudo crítico
El problema central no solo reside en la ocurrencia de los hechos, sino en la incapacidad de las instituciones para sancionarlos. El Informe Defensorial 004-2023-DP/ADM ya determinó que el país carece de herramientas efectivas para la ejecución plena de la Ley 31155.
La Defensoría del Pueblo ha identificado la urgencia de definir con claridad la potestad sancionadora del JNE y otras entidades. Si bien el Ministerio de la Mujer y el ente electoral han mostrado avances, instituciones clave como el Congreso de la República, los gobiernos regionales y las propias organizaciones políticas mantienen en suspenso las reformas necesarias para garantizar un ejercicio político libre de discriminación.
A escasos días de las Elecciones Generales del 12 de abril, el escenario es de alerta. Más de 4,000 mujeres postulan actualmente a cargos de elección popular en un contexto donde los mecanismos para garantizar la igualdad de condiciones siguen siendo insuficientes.
