Los ciento cuarenta mil efectivos de la Policía Nacional del Perú deben haber quedado absortos y plenamente convencidos de que su actual ministro del Interior, el abogado Juan José Santiváñez Antúnez, sí es un hombre de palabra, un hombre que cumple lo que promete.
Un ministro del Interior es el líder político de las fuerzas de policía y seguridad, cuya profesión policial es una suerte de apostolado, en el que juramentan servir a la sociedad y a la patria hasta ofrendar sus vidas, como ovejas en sacrificio; es entonces el ministro del Interior quien asumirá la honrosa tarea de liderar, de pastorear a sus subordinados, dispuestos a ofrendar sus vidas; promoviendo y haciendo primar el irrestricto respeto a los derechos humanos de las personas de sus policías, en un estado constitucional de derecho.
El aludido pastor de la grey policial hace algunos meses anunció estrepitosamente, con su estilo chabacano, prepotente y ampuloso que daría de baja a 800 miembros de la PNP desde el grado de alférez hasta el máximo grado de general, y que bien que está cumpliendo con su promesa, induciendo sibilinamente a la presidenta y al Consejo de Estado en pleno, para que participen con bombos y platillos en el holocausto de gran parte de su rebaño mediante el anuncio de la consolidación de semejante atropello y violación de los derechos humanos de las personas de los Policías del Perú.
¿Qué hace el Ministerio del Interior?
En primer lugar, con qué derecho el ministro del Interior y los miembros del Ejecutivo, encontrándonos en la más grave crisis de seguridad de las últimas décadas, privan a la población peruana, usuaria de los servicios de seguridad que brinda la PNP, de 800 de sus hombres, entre los que estamos seguros se encuentran connotados oficiales y suboficiales, que han descollado combatiendo la corrupción y el crimen en todas sus modalidades.
La sociedad peruana será la directamente agraviada con la abusiva medida, así por ejemplo con el actual número de miembros PNP tenemos un promedio de 1 policía por cada 230 habitantes.
Arrojar del seno institucional de un puntapié en el trasero a 800 miembros PNP implica dejar en el desamparo de seguridad policial a más de 185 mil peruanos, eso sin considerar que muchos de los expulsados si son oficiales, han debido cursar cinco años en promedio en su Escuela de Oficiales y, dependiendo de su jerarquía, han debido cursar estudios superiores en sus centros de especialización y perfeccionamiento.
Con qué derecho entonces los políticos corruptos de turno privan a la sociedad mediante medidas injustificadas e inconstitucionales, tan abusivas y prepotentes como la anunciada de expulsar a los cuadros policiales en plena capacidad de ejercicio de sus funciones.
La única forma de expulsar a un policía de la institución a la que pertenece es mediante una sentencia judicial condenatoria y mediando un debido proceso, en el que haya podido ejercer su derecho a la defensa y haya sido titular de una tutela jurisdiccional efectiva, respetando su presunción de inocencia y demás derechos constitucionales, máxime si el gobierno se ufana de respetar el estado de derecho. ¿Así lo respeta?
Obrar arbitraria y abusivamente como lo está haciendo el actual gobierno pisoteando los derechos de 800 policías, evidencia no solo un total irrespeto a los derechos humanos de los policías víctimas, sino que se está quebrando el orden constitucional y afectando gravemente la institucionalidad de la PNP como institución tutelar del Estado, hecho que reviste mayor gravedad cuando el crimen campea impunemente en todos los niveles públicos y privados, y la policía es la institución constitucionalmente consagrada por el art. 166 para combatir e investigar la delincuencia.
Comentario aparte merece el hecho que todos los policías ominosamente expelidos, deberán recibir sus pagos indemnizatorios, pero además sus sueldos completos, con lo que la afectación a la sociedad será múltiple; de un lado, les generan una indefensión mayor frente a la criminalidad desbordada, por otro lado, les seguirán pagando sus emolumentos, pero sin que realicen tarea alguna. ¿Tanta plata nos sobra? Los delincuentes de toda laya, estarán de plácemes.
La única forma de expulsar a un policía de la institución a la que pertenece es mediante una sentencia judicial condenatoria y mediando un debido proceso
Este gravísimo atropello abusivo y arbitrario es el más claro ejemplo de que este gobierno, con su ministro del Interior a la cabeza, no sabe lo que hace en materia de seguridad ciudadana o, en su defecto, lo sabe tan bien, que viene siguiendo consignas silenciosas y encubiertas del comunismo internacional.
Miremos al Caribe que baña a Venezuela y Cuba, donde pasó 10 años el prófugo más cercano a la Presidenta, que con esta medida despoja a la policía de sus mejores cuadros sobre todo en los niveles de comando y de la oficialidad.
No dudamos que entre los execrados abominablemente se encontrará el victorioso general Oscar Arriola, a cuyo trabajo silencioso, valiente y eficiente en la DIRCOTE se debe que el MOVADEF, órgano de facha de Sendero Luminoso, que cogobierna actualmente, haya sido declarado por el Poder Judicial como una organización criminal terrorista.
Igual infausta suerte habrá de correr el coronel Colchado y su equipo de la DIVIAC que investigó y encarceló a tantos corruptos de este y otros gobiernos y a connotados miembros de organizaciones criminales.
Este gobierno resultó peor que los precedentes en materia de respeto de derechos humanos de las personas de los policías del Perú, superó al desgobierno de Sagástegui; excepción hecha del año 2004, en que el único director general PNP que se opuso a la abusiva medida de expulsar a policías de su institución, sin que medie sentencia judicial que lo justifique. Fue el Tte. Grl. Félix Murazzo, valiente acción de comando que no ha vuelto a repetirse.
No debemos olvidar que el estudio Santivañez Antúnez, del actual ministro del Interior, se especializaba en la defensa de policías que fueron abusiva, arbitraria e inconstitucionalmente expulsados al retiro y en lograr sus reincorporaciones porque evidentemente se trataba de acusas justas, de un atropello violatorio de los derechos humanos de las personas de los policías.
Habrá que recordarle al abogado ministro del Interior, la décima de Nicómedes Santa Cruz, “Como has cambiado pelona…”, antes, cuando se trataba de percibir pingües honorarios profesionales, si se trataba de vulneración de derechos constitucionales y que bien hacías tu trabajo de reincorporación, no importando los antecedentes de los policías reincorporados, porque evidentemente, el ministro del Interior y el comandante general PNP de turno habían incurrido en flagrantes atropellos y vulneraciones de derechos constitucionales. Entonces, ¿qué pasó ahora?
No será que estando ad portas de salir del cargo se están dando los pasos para asegurar el suficiente aprovisionamiento de clientes policías constitucionalmente abusados para su estudio; de ser así estaríamos frente a un caso de ejercicio profesional profundamente anético, digno de ser denunciado ante el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima.
Un consejo a las personas de los policías víctimas del atropello constitucional de sus derechos humanos en este y sucesivos gobiernos, no vuelvan a contratar los servicios profesionales de un abogado que ahora que forma parte del gobierno procomunista de Perú Libre y el Movadef como ministro del Interior, no ha vacilado en expulsar inconstitucionalmente a 800 policías, a sabiendas de que se trata de un gravísimo atropello y violación de los derechos humanos de los policías victimizados. Aléjate del puñal del asesino de tu profesión.
Qué hace el Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Nación en su misión auto asignada de prevenir el delito, que no interviene, cuando públicamente se anuncia que se va a cometer el delito de abuso de autoridad en agravio de 800 policías, expulsándolos de la PNP sin previo proceso, ni sentencia judicial.
Que hace la Defensoría del Pueblo para defender los derechos humanos de las personas de los policías víctimas; qué hace el Congreso de la República frente a semejantes atropellos a los derechos humanos de 800 personas que pertenecen a la PNP y frente a los 185 mil ciudadanos que quedarán desprotegidos. Esperamos urgentemente las respuestas.
Por César Ortiz Anderson
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