Las Fuerzas Armadas han sido desplegadas en la ciudad de Trujillo y Pataz, en la región La Libertad, como parte de un plan de control territorial impulsado por el Gobierno para combatir la ola de criminalidad y las bandas organizadas. La medida responde al atentado con explosivos contra la sede de la Fiscalía de Trujillo, que encendió las alarmas sobre el nivel de violencia que enfrenta esta región desde hace varios meses.
El ministro de Defensa, Walter Astudillo, llegó a Trujillo el sábado 1 de febrero para supervisar el despliegue de las Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que junto con la Policía Nacional del Perú (PNP), patrullan las calles y resguardan instituciones clave.
«La ciudadanía confía en sus Fuerzas Armadas y por eso estamos aquí. Nuestro entrenamiento y alta especialización permitirán apoyar a la Policía en la lucha contra la delincuencia», declaró Astudillo.
Durante su visita, el ministro inspeccionó la vigilancia militar en sedes estratégicas como el Ministerio Público, la Fiscalía Especial y la Corte Superior de Justicia de Trujillo. Además, supervisó las operaciones de la Marina de Guerra a bordo del buque multipropósito Pisco y recorrió la capitanía del puerto de Salaverry para verificar el despliegue de la Infantería de Marina en la zona costera.
Aunque las autoridades locales no han brindado más detalles sobre el plan de control territorial en los sectores más convulsionados de Trujillo, algunos ciudadanos de los territorios vecinales indicaron que esporádicamente han visto a militares patrullar por algunos minutos durante las tardes.
En Pataz también está presente un contingente de las Fuerzas Armadas que, con apoyo de la Policía Nacional, capturaron a cuatro personas a quienes se les incautó 3 fusiles R15, una pistola Glock y un arma hechiza. Según las investigaciones, estarían vinculados a las mafias de minería ilegal.
¿Qué hacen los militares en Trujillo?
El despliegue militar se produjo tras el ataque con explosivos del 20 de enero contra la Fiscalía de Trujillo, que dejó un guardia de seguridad y un taxista heridos, además de daños en la fachada del Ministerio Público y varias viviendas cercanas.
La presidenta Dina Boluarte condenó el atentado y anunció una política de «mano dura» contra el crimen organizado. «Sicarios, extorsionadores y asesinos serán enviados a la cárcel de Challapalca», advirtió la mandataria, en referencia al penal de máxima seguridad ubicado a 5 mil metros de altura.
El Ministerio del Interior informó sobre la captura de cinco personas presuntamente vinculadas al atentado, a quienes se les incautaron municiones, dinamita y equipos electrónicos.
El primer ministro Gustavo Adrianzén reconoció que el país enfrenta una «ola de criminalidad sin precedentes», agravada por la minería ilegal, el sicariato y las extorsiones en La Libertad.
En respuesta, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció la incorporación de 1.500 efectivos a la Policía Nacional, con el requisito de haber prestado servicio militar, como parte de la estrategia de «control territorial».
Trujillo, una ciudad en estado de emergencia
Trujillo se encuentra bajo estado de emergencia desde hace meses, debido a la escalada de violencia relacionada con mafias de minería ilegal y crimen organizado.
El despliegue de las Fuerzas Armadas busca recuperar el control de la ciudad y restablecer la seguridad en una de las zonas más afectadas por la criminalidad en el país. Mientras tanto, la población espera que las acciones del Gobierno logren frenar la violencia y devolver la tranquilidad a sus calles.
