Mucho se habla hoy de la judicialización de la política, la misma que fortalece la institucionalidad democrática de una nación; ya que, esta se manifiesta cuando los jueces y fiscales intervienen en la resolución de conflictos o actos diversos que comprometen a otros poderes del Estado.
Aquí podemos poner como ejemplo la labor del Tribunal Constitucional, encargado de dirimir las acciones de inconstitucionalidad que se presentan contra los preceptos legales emitidos o las acciones competenciales, en sus diversas formas, las que resuelven disputas entre órganos gubernamentales.
Politización de la justicia: qué es
Esto ayuda a fortalecer, dentro de un Estado Constitucional de Derecho, la constitucionalidad de las normas y la separación de poderes y su equilibrio, coadyuvando a un empoderamiento del sistema democrático.
Sin embargo, poco se habla, por temor, desconocimiento o conveniencia, sobre la politización de la justicia, siendo relevante su definición, teniendo en cuenta que se trata de dos fenómenos opuestos dentro de una democracia incipiente.
La politización de la justicia debe ser entendida como la manipulación del Poder Judicial y el Ministerio Público por diferente órganos de presión con fines partidarios e ideológicos, que deforman, tergiversan y transgreden los principios básicos del orden democrático en lo referente a la separación de poderes y su equilibrio, provocando un permanente conflicto o disputa, sin solución plausible.
Cuando jueces y fiscales actúan bajo presiones políticas, ideológicas o de grupos de poder, revelando intereses particulares o cuando son utilizados como medios de persecución contra aquellos elementos incómodos para determinados fines o agendas, su actuación se convierte en una amenaza latente para una democracia en pañales como la nuestra.
Perú y la politización de la justicia
Cuando la politización de la justicia se instala en una sociedad, enmascarada, por ejemplo, como activismo judicial, es decir, la práctica de los jueces de ejercer su poder para ir más allá de la simple aplicación de la ley, buscando promover cambios sociales o políticos a través de sus decisiones, basados, muchas veces, en sus propias creencias o ideologías, se convierte en una práctica que puede generar debate sobre la necesidad de mantener una distinción clara entre el poder judicial y los poderes legislativo y ejecutivo; pero también sobre la importancia de proteger los derechos y promover la justicia, en una era de inflación retórica de derechos.
Esto lo podemos apreciar permanentemente cuando frente a cualquier cambio en la legislación actual, promovido por el Poder Legislativo o Ejecutivo, se emiten comunicados emitidos por el Poder Judicial y el Ministerio Público, conferencias de prensa de sus titulares, criticando las mismas y dejando entrever intereses subalternos en ellas, cuando en la realidad del mundo jurídico nacional existe un fuerte debate sobre la conveniencia o no de esos cambios; es decir, con juristas a favor y en contra como, por ejemplo, las modificaciones a la ley de extinción de dominio, tan criticada por unos y sacrosanta para otros.
Otro ejemplo es la habitual publicación de las denuncias que se presentan contra los diferentes miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo, vulnerando el principio constitucional y convencional de inocencia. Esto por supuesto con intenciones subrepticias y dirigidas.
Acá no estamos defendiendo a nadie ni nos importan los nombres de quienes ejercen los cargos, defendemos la institucionalidad de los poderes del Estado, su separación y prerrogativas constitucionalmente definidas como fundamento de un estado democrático y constitucional.
Inclusive se ha llegado a la desfachatez de ordenar la inaplicación de normas constitucionalmente aprobadas o el desconocimiento de sentencia emitidas por el Tribunal Constitucional.
Esta manera de dirigir las riendas de nuestros país, cada uno poniéndose trabas, en una guerra ideológica interminable, sólo conduce al caos, el desgobierno, el descontento y hartazgo de un sistema democrático que parece no beneficiar a nadie.
La solución parte por una necesaria reforma institucional, con mecanismos de transparencia para evitar el menoscabo de su independencia suscitada por la presión de órganos de poder internos y externos, que manejan ingentes cantidades de dinero.
Sobre la base de este análisis, coincido con lo expresado por el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Jhon G. Roberts Jr.: «Los jueces no deben ser políticos, no se presentan a elecciones. Están allí para hacer lo correcto, no lo popular».
Carlos Talledo Manrique
Abogado constitucionalista
