La Contraloría General de La República reveló los resultados de las auditorías en obras y servicios desarrollados por el Gobierno Regional de La Libertad y encontró responsabilidad penal, civil y administrativa en 318 funcionarios.
El contralor Joan Humberto Ramírez Merino precisó que en el 2023, a través de informes de auditoría de cumplimiento, se halló un perjuicio económico para el Estado de 26.5 millones de soles debido al mal uso de los recursos públicos.
La Contraloría General de La República reveló los resultados de las auditorías en obras y servicios desarrollados por el Gobierno Regional de La Libertad y encontró responsabilidad penal, civil y administrativa en 318 funcionarios.
Los funcionarios implicados en las irregularidades tienen el perfil de directivos, profesionales, técnicos y titulares: 53 del gobierno nacional, 65 del gobierno regional y 200 de gobiernos locales (provinciales y distritales) que están incluidos en 81 informes.
Ramírez recomendó que las instituciones deben realizar procedimientos de selección correctos e idóneos de los proveedores y los ganadores de las buenas pro.
Además, es obligatorio aplicar acciones de supervisión en las obras que se ejecutan.
“Los terrenos tienen que estar debidamente saneados, hay que verificar, hay que hacer todo un trabajo y no simplemente decir: ‘se firmó un contrato y como funcionario no me involucro’. No, el funcionario debe involucrarse y cautelar que las obras se ejecuten de manera correcta”, consideró.
La Contraloría también detectó 2926 situaciones adversas, a través de 1603 informes de control simultáneo, acciones que tuvieron como objeto identificar y comunicar oportunamente a las entidades los hechos que comprometen la continuidad el resultado o el logro de objetivos a fin de que adopten las acciones preventivas y correctivas.
La Libertad: obras paralizadas
Así mismo, se dio a conocer que 78 obras están paralizadas en La Libertad, lo que representa el 3.4 % del total general los proyectos estancados en el Perú.
Unas 20 (26 %) ejecutadas por el gobierno nacional, 1 (1 %), por el Gobierno regional, 57 (73 %) por gobiernos locales.
El sector transporte es el que más obras paralizadas tiene: 23 y las provincias más afectadas son Sánchez Carrión (15), seguida de Otuzco (11) y Trujillo (9).
“La Contraloría ya cuenta con facultad sancionadora. Hemos determinado 107 responsabilidades en procedimiento administrativos sancionadores. Se va a desarrollar el procedimiento correspondiente”, adelantó el contralor Joan Humberto Ramírez Merino.
