Nueve días después de la tragedia ocurrida en el Real Plaza Trujillo, en donde seis personas perdieron la vida y más de 80 quedaron heridas tras la caída del techo en el patio de comidas, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció.
En un mensaje público, la excandidata presidencial exigió que se apliquen sanciones ejemplares contra los responsables y cuestionó la demora de las autoridades en tomar medidas preventivas.
Desde su cuenta en TikTok, Fujimori expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, al tiempo que instó al Ministerio Público a realizar una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de la tragedia. «Las sanciones deben ser drásticas. No podemos permitir que negligencias como estas sigan cobrando vidas», afirmó.
Asimismo, criticó la tardía reacción de las municipalidades en todo el país para realizar inspecciones en otros centros comerciales. «Es lamentable que se tomen medidas solo después de que ocurren los desastres. La fiscalización debió ser constante y rigurosa desde un inicio», señaló Fujimori.
Tragedia en Real Plaza Trujillo: lo que Keiko no dijo en su video
Sin embargo, Keiko Fujimori no se ha pronunciado sobre la ley aprobada por el Congreso, con el apoyo de su bancada, en octubre de 2023 que limita la capacidad de las municipalidades para clausurar centros comerciales con deficiencias en su infraestructura.
La norma, promulgada por la presidenta Dina Boluarte bajo el número 31914, establece que si un establecimiento representa un riesgo inminente para la seguridad de las personas, las autoridades pueden disponer su cierre inmediato.
No obstante, la ley también permite que los administradores del local subsanen las observaciones y soliciten su reapertura en un plazo de 48 horas. Si en ese lapso no se emite una respuesta formal o no se presentan nuevas objeciones, la clausura queda sin efecto.
Este marco legal ha sido cuestionado tras la tragedia en el centro comercial trujillano, ya que muchos expertos consideran que flexibilizó las medidas de fiscalización y permitió que locales con deficiencias estructurales siguieran operando sin una supervisión adecuada.
Fujimoristas, APP y las bancadas que apoyaron esa norma
La iniciativa legislativa fue impulsada por el fallecido congresista Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, y fue aprobada el 5 de octubre de 2023 con el respaldo de 86 parlamentarios. Entre las bancadas que apoyaron la norma se encuentran Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú, Avanza País, Bloque Magisterial y Somos Perú.
El texto fue exonerado de una segunda votación con 85 votos a favor, 19 en contra y 11 abstenciones.
Entre los congresistas que respaldaron la medida figuran nombres como Martha Moyano, Patricia Juárez, Alejandro Aguinaga, Lady Camones, Alejandro Cavero, Jorge Montoya, José Cueto y Alfredo Azurín, entre otros.
¿Pudo evitarse la tragedia?
Las críticas apuntan a que la ley 31914 otorgó mayores facilidades a los centros comerciales para operar incluso cuando existían observaciones de seguridad. En el caso de Real Plaza Trujillo, el establecimiento fue clausurado por la Municipalidad de Trujillo en diciembre de 2023 debido a irregularidades en su infraestructura. Sin embargo, una semana después reabrió sus puertas tras presentar documentación que, según la administración del mall, acreditaba la subsanación de las observaciones.
El exalcalde Arturo Fernández, quien en ese momento promovió la clausura, calificó el centro comercial como una «bomba de tiempo» y advirtió sobre los riesgos en la estructura del techo. No obstante, la medida no se sostuvo y el mall volvió a operar con normalidad hasta la noche del 23 de febrero, cuando la tragedia golpeó a decenas de familias trujillanas.
Guerra avisada sí mata gente
El centro comercial, propiedad del Grupo Intercorp, se encuentra bajo la lupa luego de que se revelara que había recibido observaciones previas sobre la seguridad de sus instalaciones. Informes recientes indican que la estructura presentaba signos de deterioro, con vigas corroídas y placas de acero insuficientes para soportar el peso del techo.
El Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar contra Luis Santa María Torres, gerente del establecimiento, por los presuntos delitos de homicidio y lesiones culposas. Además, se evalúan responsabilidades administrativas y penales para los propietarios, administradores y funcionarios municipales que otorgaron la licencia de funcionamiento pese a las advertencias.
Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha iniciado un procedimiento sancionador contra el centro comercial, ordenando su cierre temporal y estableciendo medidas para cubrir los gastos médicos y funerarios de las víctimas.
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