Mucho antes de enfrentar una condena, varios adolescentes vivieron entre violencia y un entorno donde el delito es parte de la rutina, una cultura.
Su ingreso al mundo criminal no ocurre de un día para otro: comienza con pequeños favores o con la influencia de adultos que normalizan estas conductas. Sin una intervención oportuna y sin opciones reales para reconstruir su vida, el menor repite la misma dinámica, hasta convertirse en su única salida.
Esta investigación revela que los menores con antecedentes de violencia física, psicológica y social son captados por grupos criminales con la finalidad de transportar y detonar explosivos: el nuevo lenguaje del crimen organizado.
Fuentes consultadas en exclusiva por BuenaPepa, explican que este fenómeno se presenta debido a la impunidad que abrazan los menores de edad y, también, a las deficiencias sociales y legales por alejarlos del mundo del hampa.
La Policía informó que, en 2025 – al día, entre dos y tres menores son detenidos por participar en actos delictivos; como es el caso de R.J.T.C (17) y M.A.B.C. (16), integrantes de la banda criminal autodenominada “Los Chuckys de la CG”, quienes fueron retenidos el 25 de octubre, en posesión de un revólver calibre 38, cartuchos de dinamita EMULNOR 3000, un metro de mecha lenta y 3 municiones para armas de fuego.
De igual manera, otro menor de 16 años, fue retenido el 8 de noviembre del 2025, en posesión de un artefacto explosivo de alto, por efectivos de la Comisaría Rural PNP Casa Grande, en el asentamiento humano “11 de febrero”.
Esta situación no se limita al crimen de la extorsión y tenencia de explosivos, también existen casos de menores involucrados en hechos violentos, como el asesinato del periodista Juan Núñez Guevara en el distrito de Guadalupe, a manos de un adolescente, el pasado 6 de diciembre. El asesino confesó su accionar durante la audiencia de prisión preventiva.
Mismo fenómeno, distinto año
De la misma manera, en el primer mes del año 2026, la Región Policía la Libertad (Regpol) ha reportado un incremento alarmante de menores asociados a bandas criminales, traslado y uso de explosivos.
El General Franco Moreno Panta, expresó que son 78 los adolescentes investigados en lo que va del 2026. W.A.H.Q. (15), J.A.V.H. (17), K.J.Z.Q. (16), fueron retenidos por agentes policiales de la comisaría de Chao por el presunto de delito de extorsión y tenencia ilegal de explosivos, el pasado 14 de enero. A estos menores, presuntos integrantes de la banda criminal “Los Cachacos del Gordo Cero”, se les incautó dos artefactos explosivos tipo “río gel troner”, mechas de encendido, stickers extorsivos, tres celulares y una moto lineal.
El 21 de enero, agentes de la comisaría de Virú retuvieron a una presunta banda criminal “La Nueva Generación de Chao”, conformada por menores de 13 y 14 años, quienes planeaban un atentado contra un bar de la zona. En su poder se halló explosivos tipo “rio gel troner”, cordón blanco y dos teléfonos celulares, en los cuales se encontraron mensajes de texto que confirmaban las intenciones de los adolescentes.
Ante esta situación, el General Moreno Panta demostró su preocupación con respecto a esta problemática: “Se cuenta con una gran participación de menores de edad en actos delictivos, y todos nos preocupamos por un lado pudiente de la ciudad, pero ¿Quién se preocupa por estos menores? Así como nosotros capturamos a un mayor de edad y nos causa una gran satisfacción, es una gran pena y tristeza capturar a un menor de edad», expresó.
«Cuando vamos a visitar sus hogares en Buenos Aires, Alto Salaverry y Alto Trujillo, los encontramos en una situación paupérrima, vemos la situación en la que viven, como duermen en el piso y no tienen ni para comer y son fáciles de captar por personas que lucran con ellos”, puntualizó.
BuenaPepa también accedió, en exclusiva, a dos carpetas fiscales que materializan esta problemática más allá de una detención: J.J. (14), se encontraba dentro de un vehículo, junto a dos adultos, en el momento que fue intervenido por agentes de la Policía Nacional. El movimiento errático del auto fue lo que llamó la atención de las autoridades, quienes no esperaban encontrar a un adolescente en posesión de tres cartuchos de emulsión y una granada de guerra.
J.F. (15) fue retenido a altas horas de la noche y al momento de la inspección, se le incautó una bolsa de polietileno que contenía un cartucho emulsión cubierta por una hoja bond. Una carta extorsiva que, según el informe pericial de grafotecnia, fue escrita a puño y letra por el menor.
Ambos fueron sentenciados y cumplen condenas dentro del centro junvenil «Exfloresta», de Trujillo.
Olor a pólvora
Fuera de una cercada con alambres, dos mujeres esperan sentadas en el suelo húmedo, con los tickets arrugados entre los dedos. Tienen la mirada cansada y el cuerpo recogido, como si intentaran hacerse pequeñas ante la vergüenza y el miedo. Detrás de ese muro está el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Ex Floresta: lugar donde cumplen condena los menores sentenciados, en Trujillo. Son sus hijos.
Entre ellos están J. J. (14) y F. J. (15), ya sentenciados por delitos contra la seguridad pública, en la modalidad de “Fabricación, suministro, o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos y fabricación, comercialización, uso o porte de armas – tenencia de municiones”.
Sus historias guardan una similitud alarmante: hogares marcados por violencia, abandono o consumo de drogas; calles que se volvieron familia antes que sus padres. Desde allí fueron captados, explicó el jefe de Derechos Humanos de la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente (DEMUNA) de Trujillo, Marco Quintana.
Según la Región Policial La Libertad, hasta septiembre de 2025, 44 adolescentes fueron intervenidos por tenencia ilegal de explosivos y 58 por extorsión, muchos de ellos actuaron como mensajeros con dinamita en sus manos.
La Fiscalía de Familia confirma que ya se dictaron dos sentencias de 2 y 3 años de internamiento por manipulación de explosivos este año. En todos los casos, los menores entraron al circuito criminal como quien entra a un juego sin reglas, pero con órdenes claras.
Infancia en riesgo: el blanco perfecto
El excoronel de la PNP, Omar Navarro, explica que las bandas criminales no escogen al azar, todo es estratégico. Eligen adolescentes porque saben que el castigo es menor, la necesidad es mayor y la vulnerabilidad es profunda. Aunque existen disposiciones para procesar a menores por delitos graves, la sanción no es equiparable.
“Se les puede internar por 2–3 años, pero no recibirán condenas largas. Las bandas lo saben”, añadió.
La Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente (DEMUNA) señala que muchos de estos jóvenes provienen de hogares fracturados, donde los padres se encuentran denunciados por violencia, están expuestos al consumo de drogas y muchos de ellos sufren de abandono. Los menores pasan todo el día en la calle y su escolaridad es intermitente o inexistente.
Marco Quintana, responsable en Trujillo, explica: “Hay menores que ya están en mendicidad, otros viven entre agresiones físicas y psicológicas. Ese entorno los expone. Y cuando la banda aparece con dinero en efectivo, la decisión ya parece tomada”.
Este año, DEMUNA abrió más de 200 expedientes por riesgo de desprotección en Trujillo. El 90 % se ha resuelto, pero el 10 % restante, suele derivarse a la Unidad de Protección Especializada (UPE), donde se realiza una investigación legal mucho más profunda. En varios casos, los padres ni siquiera participan en los procesos y desaparecen para evitar supervisión. Para un adolescente sin guía, la calle llena esos vacíos.
Como es el caso de F.J, quien vivía en un ambiente de toxicidad, debido a las constantes agresiones de su padre hacía su madre y J.J, cuyo padre ya contaba con antecedentes penales por robo y tráfico ilícito de drogas. El equipo de Punto Directo accedió a estos documentos policiales que explican la situación familiar de ambos.
Según la trabajadora social Larissa Arlett, los conflictos y carencias en el entorno familiar impactan directamente en el desarrollo emocional y conductual de los menores.
Además, señala que «al crecer en hogares donde predominan la violencia, las amenazas o la ausencia de figuras protectoras, los adolescentes comienzan a normalizar la violencia y a adoptar conductas impulsivas o de riesgo».
Asimismo, Arlett subraya que la falta de supervisión y afecto dentro del hogar conduce a muchos adolescentes a buscar reconocimiento o pertenencia en otros espacios, incluso en entornos ilícitos. Añade que, cuando uno de los padres está involucrado o tiene antecedentes, la criminalidad se vuelve parte del entorno cotidiano del menor y puede asumirse como una forma de sobrevivencia.
El reclutamiento: la normalización del delito
La Fiscalía distingue dos formas claras en que los adolescentes entran al circuito delictivo: uno de ellos es el reclutamiento forzado, donde las bandas amenazan directamente al menor o a su familia. El fiscal Cristian Pol Nureña recuerda un caso cercano: “Le dijeron que si no dejaba el paquete, iban a hacerles daño. Tenía 14 años. Obedeció.”
Según la carpeta fiscal de la sentencia de F.J., este habría sido amenazado de muerte y acosado por un sujeto, que se transportaba en una camioneta blanca, si no realizaba la entrega que se le había ordenado: detonar un explosivo y dejar una carta extorsiva que llevaba al ser detenido. Debido al miedo, este pensó en desechar la evidencia, pero fue intervenido por agentes de la PNP antes de hacerlo.
Otra modalidad es el reclutamiento no forzado, el cual es el más frecuente. El fiscal comenta que lo que suelen decir las bandas para convencer a estos jóvenes es: “Solo tienes que dejar esto y te caen cien o doscientos soles. No pasa nada.”
Muchos menores ya están dentro del delito por robos menores, peleas o microtráfico. Otros, simplemente, viven donde las bandas son la autoridad real, como fue el caso de J.J, quien ya contaba con antecedentes anteriores a su sentencia por robo.
Y así ocurre lo impensable: un niño de 14 años carga un cartucho de dinamita o una granada artesanal, sin medir el riesgo, sin entender la muerte, sin imaginar la cárcel.
Reinserción fallida: un sistema que devuelve al menor al mismo punto
El pasado 31 de octubre, fuera de un colegio, en el distrito de El Porvenir, un padre de familia fue acribillado por un grupo de sicarios mientras recogía a sus hijas a la hora de salida. El autor de este crimen, según la PNP, es un joven, de 18 años, que recién salido de la ExFloresta, luego de dos años de privación de su libertad por crímenes cometidos durante sus años adolescentes.
Juan Marquina, vecino del sicario y padre de un recluso, recuerda a un muchacho del barrio: “Tiene 18 años, acaba de salir de la Floresta y ya mató”, comentó.
Esta realidad pinta un panorama desalentador para aquellos que delinquieron en sus años formativos, como J.J y F. J. Quienes, incluso después de cumplir su condena, se encuentran vulnerables a recaer en el círculo vicioso del crimen y a terminar en la cárcel.
El equipo de BuenaPepa llegó hasta el penal de El Milagro, lugar donde, hasta octubre de 2025, 24 de los reclusos eran menores de en el marco de Ley 32330, según el el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
En este sistema, los casos de reinserción exitosa en la sociedad son escasos a pesar de contar con diferentes programas de socialización y apoyo para los menores que fueron retenidos. Como el programa COLIBRÍ de la PNP, “Cárceles seguras”, “C.R.E.O.” y los de Medio Abierto y Medio Cerrado impulsados por el Poder Judicial, los cuales están destinados a jóvenes en el sistema penitenciario. La falta de recursos económicos es la principal razón por la que estos fallan, explicó el Ex Coronel.
La ruta de la pólvora: el antecedente que nadie quiere explicar
Aunque la PNP afirma no haber identificado organizaciones dedicadas específicamente a usar menores para trasladar explosivos, tampoco explica cómo un adolescente como J. J. terminó con una dinamita marca FAMESA en sus manos, cuando ese material debería estar bajo control estricto de la minería formal.
La SUCAMEC reconoce que fiscaliza la compra, pero no el uso, y que lo que sobra en obras o minas termina desviándose. En ese vacío, los explosivos pasan por mineros informales, intermediarios y redes ilegales, hasta llegar al último eslabón: un menor con una mochila y la orden de no mirar atrás.
Entre la minería informal, la corrupción institucional y la nula supervisión del material usado en obras públicas, los explosivos terminan en un mercado negro donde un cartucho puede costar entre 30 y 50 soles. Y quienes suelen trasladarlos son menores, añadió Navarro.
La autoridad de la PNP explicó la problemática más a fondo para BuenaPepa:
Debate legal: anulación de la ley para juzgar a menores como adultos
En este contexto, vuelve al centro del debate público la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 32330, por parte del Tribunal Constitucional, que juzgaba a menores de edad como adultos. Especialistas advirtieron que, si bien la medida busca responder a la creciente inseguridad ciudadana, no aborda las causas estructurales del problema y podría profundizar la exclusión social de adolescentes que ya viven en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Una postura que refuerza esta mirada es la del general Franco Moreno Panta, quien señaló que la solución no puede ser únicamente encarcelarlos, sino trabajar en prevención social para evitar que lleguen a delinquir.
“Somos una nación represiva, no preventiva. La solución no es llevar a los menores a centros correccionales, sino evitar que lleguen a ellos”, expresó el General Moreno Panta.
La ausencia de políticas sostenidas de prevención, educación y reinserción convierte a estos menores en blancos fáciles para las organizaciones criminales, que se aprovechan tanto de su precariedad económica como de los vacíos del sistema penal juvenil.
Mientras el Estado discute el endurecimiento de las penas, la realidad en los barrios más golpeados evidencia que la criminalidad juvenil no se combate únicamente con sanción, sino con presencia, oportunidades y protección efectiva.
El último cartucho
El inicio de 2026 confirma que la participación de menores de edad en organizaciones criminales se ha convertido, a este punto, en un fenómeno en expansión. Las cifras presentadas por la PNP evidencian que las bandas criminales continúan captando adolescentes cada vez más jóvenes para el traslado, almacenamiento y uso de explosivos, así como para la ejecución de actos extorsivos y violentos.
Asimismo, estos registros indican que las medidas que se han tomado anteriormente para frenar esta situación, no han tenido los resultados esperados y de no implementarse medidas integrales que combinen prevención social, fortalecimiento familiar y una respuesta estatal efectiva, la tendencia podría agravarse durante el resto del año, consolidando a los menores como una pieza clave dentro de las economías criminales en la región La Libertad.
Mientras no exista una regulación estricta sobre la criminalidad, siempre habrá un menor expuesto a riesgos que no comprende. Y mientras los programas de reinserción se mantengan con medidas incompletas en lugar de respuestas integrales, ese adolescente, al egresar, volverá a enfrentarse a los mismos entornos y dinámicas que lo llevaron al delito.
En un escenario donde la prevención es débil, la protección es irregular y las oportunidades casi inexistentes, cada adolescente queda expuesto a repetir la misma historia que intentaba dejar atrás.
Solo un sistema capaz de anticipar el riesgo, garantizar acompañamiento efectivo y ofrecer rutas concretas de desarrollo podrá interrumpir el ciclo antes de que vuelva a cerrarse sobre ellos.
Por: Danitza Palma Sánchez y Gabriela Salvatierra Reyes
