El artículo 58.° de la Constitución establece que el Estado orienta el desarrollo del país y actúa, principalmente, en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Es decir, establece claramente los roles y campos principales en los que el Estado debe poner sus esfuerzos y directivas gubernamentales.
Por su parte, el artículo 59.° garantiza la libertad de trabajo, de empresa y de comercio, con la salvedad que esta libertad no puede ser lesiva contra la moral, la salud y/o la seguridad pública.
Sobre la base de lo indicado podemos colegir que nuestra Carta Magna provee de los mecanismos jurídicos necesarios para que el Estado se dedique a orientar y, en otros casos, realizar el desarrollo del país en materia como educación, salud e infraestructura; así como, salvaguardar la salud y seguridad pública de los peruanos.
Decir lo contrario, es decir, insinuar que nuestra Constitución actual prohíbe o limita la actuación del Estado en estas áreas demuestra un total desconocimiento o una manipulación descarada y reprochable.
El rol del Estado
El verdadero problema es que nuestros gobernantes no han realizado su trabajo, sea desde el Gobierno central, regional o local, no han sabido invertir los presupuestos asignados y, en otros casos, se han visto inmersos en actos de corrupción.
Por lo tanto, si el problema es la ineficiencia del Estado para atender las necesidades básicas de nuestra población, aun cuando es su obligación, la solución no puede estar en darle más poder o mayores prerrogativas, o cambiar la Constitución como si esta fuera una colección de recetas mágicas, la solución radica en realizar una reforma total en su funcionamiento y, en paralelo, saber elegir.
Como bien decía el gran pensador peruano Manuel González Prada, en el Perú donde se pone el dedo brota la pus y un claro ejemplo de ello es el último escándalo de corrupción en el que se han visto envueltos varios funcionarios del Gobierno Regional, como el señor Juan José Fort, donde los pagos bajo la mesa para recibir beneficios económicos se encuentran a la orden del día.
Es una modalidad o forma parte del procedimiento asignar un presupuesto adicional para el pago de dádivas a funcionario y/o autoridades que buscan sólo incrementar su patrimonio en desmedro de la eficiencia y la honestidad.
Casos de policías que integran bandas criminales, que utilizan su posición para extorsionar a la población que juraron proteger, jueces, fiscales, alcaldes, congresistas, empresarios y un sinfín de personalidades que manejan los hilos del país a su antojo, mientras nosotros tenemos que luchar día a día por salir adelante.
Esto es consecuencia de muchas circunstancias que merecen un análisis más profundo, pero forman parte de nuestra realidad, una realidad que nos abruma, no ahoga en un remolino de hastío y frustración, de decepción continúa y lamentos que se ahogan en la indiferencia.
Si el Estado no puede cumplir la única función por la que fue creada, es decir, seguridad, si vivimos a merced de la delincuencia y la corrupción perpetúa, cómo es posible que la solución a los problemas parta por darle más poder a quienes desde sus poltronas dirigen el país. La solución es mucho más compleja y parte, principalmente por reestructurar el sistema educativo de nuestro país, el actual se encuentra diseñado para mantener en la absoluta ignorancia a un país postrado y cansado de luchar sin resultados.
Abogado Constitucionalista
