En medio de una crisis de inseguridad ciudadana que afecta al país, el Gobierno Central ha declarado en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a raíz de una alarmante sobrepoblación carcelaria que alcanza el 136 %.
La medida, que tiene una duración de 24 meses, fue oficializada este martes mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, y busca implementar una estrategia nacional para mejorar la infraestructura y los servicios en las cárceles, con miras a garantizar la resocialización de los reclusos de acuerdo con la Política Nacional Penitenciaria 2030.
Un sistema penitenciario deficiente
Según el decreto, el sistema penitenciario alberga, hasta agosto de 2024, a 98.127 personas privadas de libertad, distribuidas en 69 centros penitenciarios en todo el país. Sin embargo, la capacidad total de estas cárceles es de tan solo 41.556 plazas, lo que da lugar a una sobrepoblación crítica del 136 %.
Esta situación ha generado cuestionamientos sobre las instalaciones, que no solo están sobrecargadas, sino que también carecen de la infraestructura y recursos necesarios para garantizar un tratamiento adecuado de los internos.
El decreto subraya que solo el 50,2 % de los reclusos se encuentra en establecimientos con condiciones adecuadas de infraestructura y servicios. Las carencias son particularmente graves en áreas fundamentales como la salud, la seguridad y la resocialización, elementos clave para la reintegración social de los prisioneros.
el sistema penitenciario alberga, hasta agosto de 2024, a 98.127 personas privadas de libertad, distribuidas en 69 centros penitenciarios. Sin embargo, la capacidad total de estas cárceles es de tan solo 41.556 plazas
La falta de recursos humanos, logísticos y presupuestarios agrava aún más el panorama, dificultando la implementación de programas efectivos de rehabilitación.
El gobierno de Dina Boluarte justifica la declaratoria de emergencia al señalar que el Sistema Nacional Penitenciario atraviesa una «aguda crisis» debido a la incapacidad de las cárceles para absorber la creciente población carcelaria.
Esta crisis se ve reflejada en la falta de condiciones mínimas de seguridad y atención, lo que afecta directamente la rehabilitación y el futuro de los internos. Además, las carencias estructurales del sistema también tienen un impacto negativo en la seguridad pública y la efectividad de las políticas de justicia penal.
El decreto recuerda que el Tribunal Constitucional ya había emitido una sentencia en la que calificaba de “inconstitucional” el estado permanente de hacinamiento en las cárceles. En su fallo, el TC instó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a evaluar y tomar medidas urgentes para mitigar esta grave situación.
Reformas en el INPE y más cárceles
Durante una reunión del Consejo de Estado el pasado 5 de noviembre, se acordaron acciones concretas para hacer frente a la crisis. Entre las medidas previstas se incluyen la ampliación de las prisiones existentes, la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios y la reorganización del INPE para mejorar la gestión y operatividad del sistema.
Asimismo, el decreto establece la necesidad de destinar recursos específicos para la mejora de la infraestructura penitenciaria, así como para garantizar la atención adecuada de los internos en términos de salud, educación y seguridad. El objetivo es que, a través de esta estrategia nacional, se logre una reforma integral que permita una mejor resocialización de los reclusos y, a largo plazo, una reducción de la tasa de reincidencia criminal.
La medida de emergencia por 24 meses refleja la gravedad de la situación y la necesidad de un enfoque a largo plazo para abordar las deficiencias estructurales del sistema penitenciario. La superpoblación y las condiciones precarias de las cárceles no son un fenómeno reciente, pero la crisis se ha acentuado en los últimos años debido a diversos factores, entre ellos, el aumento de la población carcelaria y la falta de inversión en infraestructuras penitenciarias.
Las autoridades esperan que, con las medidas adoptadas, se logren avances significativos en la mejora de las condiciones carcelarias y en la implementación de programas efectivos de resocialización.
