Pese a los cuestionamientos y el rechazo ciudadano, el Congreso de la República ha dado un paso crucial hacia una reforma constitucional que podría tener repercusiones significativas en la esfera electoral del país.
La propuesta en cuestión busca modificar la Constitución para permitir la sanción de los miembros de los órganos electorales, hasta ahora considerados autónomos e independientes de los poderes políticos.
La Comisión Parlamentaria de Constitución, en una sesión que tuvo lugar este martes 9 de marzo, aprobó un dictamen que amalgamó seis proyectos de ley presentados por diversas bancadas políticas.
Esta iniciativa contó con el respaldo mayoritario de partidos como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular, Acción Popular, Avanza País, Podemos Perú, Somos Perú y Unidad y Diálogo.
Congreso le apunta al JNE, Onpe y Reniec
El dictamen, tras su aprobación por la comisión, pasará ahora al pleno del Congreso, donde se llevará a cabo un debate crucial que determinará si se reforma el artículo 99 de la Constitución.
Esta reforma tendría como objetivo principal incorporar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dentro del procedimiento de la acusación constitucional.
JNE se pronuncia
Sin embargo, esta propuesta no ha estado exenta de controversias y críticas. Antes de la votación en la Comisión de Constitución, el JNE emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por cualquier intento de subordinación de los órganos electorales a los poderes públicos.
Esta reforma tendría como objetivo incorporar a los miembros del JNE, de la ONPE y del Reniec dentro del procedimiento de la acusación constitucional.
En el comunicado, se señaló que esta medida podría poner en peligro la independencia y la imparcialidad de dichos organismos, elementos fundamentales para la integridad del sistema electoral.
El riesgo de otorgar al Congreso el poder de sancionar a los organismos electorales, quienes precisamente velan por el correcto desarrollo de las elecciones generales, regionales y municipales, ha sido uno de los puntos centrales de la discusión.
La incertidumbre sobre qué constituiría una infracción a la Constitución y quién determinaría estas infracciones ha generado un intenso debate en la esfera política y jurídica del país.
Así está la lucha de poderes
Esta reforma constitucional surge como respuesta a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que exhortó al Congreso a considerar la posibilidad de someter a los máximos representantes de los órganos electorales a denuncias constitucionales y sanciones políticas por parte del Parlamento.
Esta decisión judicial fue emitida en el contexto de una disputa entre el Congreso y el JNE, relacionada con la investigación al presidente de este organismo, Jorge Salas Arenas.
Salas ha sido objeto de varias denuncias por parte del Congreso, las cuales han sido desestimadas en su mayoría. La última de estas denuncias estuvo relacionada con la inscripción del partido político liderado por Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala, quien fue condenado por su participación en una rebelión ocurrida en 2005.
