La agresión que sufrió el niño, de nacionalidad de venezolana, en el colegio Pamer de Piura; así como el silencio que guardaron los directivos al no comunicar el caso de bullying ante las autoridades educativas ha sido elemento de análisis de sicólogos, educadores y autoridades judiciales.
Muchos de los casos de violencia entre los escolares, en especial, aquellos ocurridos en Piura y Trujillo, se consideran como delito de lesiones dolosas graves; por ello especialistas consultados por Buenapepa manifestaron que el problema central radicaría en el incumplimiento de las disposiciones aprobadas por el Ministerio de Educación para promover la convivencia pacífica en las instituciones educativas.
El desacato de la ley antibullying sumado a la falta de programas preventivos y la cultura machista arraigada son los factores que están aumentando exponencialmente el nivel de violencia en las escuelas.
Una mirada a la ley
Para el abogado constitucionalista Carlos Talledo Manrique, la inversión sería la muralla que impediría el cumplimiento del artículo 3, 4 y 5 de la ley antibullying. “En la ley está estipulada la designación de, por lo menos, un profesional de sicología que está encargado de la prevención y el tratamiento de casos de acosos y violencia. Lamentablemente, no hay sicólogos o, si los hay, no enfatizan acciones propias de la prevención”, comentó el especialista.
En relación con esta opinión, el profesional en salud mental Igor Valverde Rodríguez propuso que los sicólogos educativos deben incluir estrategias que afronten los motivos por los que ocurren las agresiones. “Convendría realizar un plan de educación sexual integral. Curiosamente, esto ha sido muy satanizado cuando, en realidad, se trata de guías que permite al niño darse cuenta de que no tiene por qué demostrar su virilidad con violencia. Además, es tiempo de confrontar las formas de opresión que están contenidas dentro del bullying tanto en los niños como en los padres”, expresó el psicólogo clínico.
En esa misma línea, la profesora Lourdes Vásquez Vásquez propuso el replanteamiento del artículo 3, 7 y 8 que precisa las obligaciones de los directivos y de las entidades del Estado. “Sería otro el escenario si se designa un profesional de sicología por cada nivel, incluyendo al de inicial. Lamentablemente, hasta el momento, no han capacitado a los profesores sobre cómo detectar y solucionar el bullying. Considero que esto ya es responsabilidad de los directivos y del Estado”, comentó.
Por otro, el abogado Luis Miguel Saldaña Monzón destacó la necesidad de reforzar el artículo 12 de la citada ley que enfatiza las medidas de asistencia y protección de los estudiantes. “Particularmente, considero que el menor agredido debió ser llevado a un médico legista; y la única vía es mediante un proceso judicial porque no puede ser posible que este hecho se trate solo a nivel administrativo y educativo. Encima, el que sufrió de este abuso no tiene medidas de protección cuando lógicamente debió ser separado de su agresor al menos por unos cuantos meses”, comentó.
Un juego de delitos
Mediante un tuit, el Ministerio Público informó que abrió una investigación de oficio por el caso de violencia entre escolares registrado en contra de un alumno del colegio Pamer, en Piura, para determinar si la falta constituiría un delito.
Al respecto, el abogado Luis Saldaña sugirió que los casos de bullying deben tomar otro nivel de tratamiento que implique también el derecho penal.
“Particularmente, considero que los niños saben y comprenden lo que hacen. El bullying da luces a delitos de secuestro, lesión dolosa grave hasta un homicidio culposo. Por ende, el Juzgado de familia debe intervenir en este tipo de atentados contra la salud y la libertad. De tal manera, las sanciones podrían tratarse, inclusive, de internamiento en la correccional de Trujillo”, comentó.
Esta opinión coincide con la del abogado Carlos Talledo, quien también considera que lo que los menores consideran un juego podría tratarse de un delito. “Para la ley, los menores de edad no cometen acciones delictivas sino faltas. Bajo este postulado, las sanciones son leves. Por ello, hago un llamado a los padres para que, no solo castiguen, sino también dialoguen y eduquen a sus hijos”, expresó.
Por otro lado, el sicólogo Igor Valverde considera que la aplicación de medidas punitivas severas incrementaría el nivel de violencia en las escuelas. “Las sanciones no son suficientes; una mirada mucho más rigorosa podría agravar el problema hasta el punto de que tales prácticas podrían realizarse de una manera oculta y la víctima se acostumbre a callar”, sustentó el especialista.
El ‘bullying‘ da luces a delitos de secuestro, lesión dolosa grave hasta un homicidio culposo. Por ende, el Juzgado de familia debe intervenir en este tipo de atentados contra la salud y la libertad.
Un silencio cómplice
El colegio Pamer es uno de los tantos colegios que no habría comunicado el caso de bullying a las autoridades educativas. Esta actitud es criticada por los abogados Luis Saldaña y Carlos Talledo quienes consideraron al silencio como un afán desmedido por priorizar la buena imagen institucional sobre el bienestar de los niños. Por ende, los juristas coincidieron en que el Ministerio Público podría abrir un proceso de investigación a la institución por omisión de denuncia.
Asimismo, el jefe de la Oficina defensorial de Trujillo, José Luis Agüero Lovatón exigió a las instituciones educativas denunciar los hechos de violencia que perciben entre sus integrantes, tal como lo manifiesta el artículo 11 de la ley N°29719. “Los centros educativos cuentan con un libro de registro de incidencia. Existe un comité encargado de llenarlo. Si no se cumple con ello, el personal responsable podría recibir una sanción administración que implicaría, inclusive, el despido”, comentó el defensor del pueblo.
