El Ministerio Público elevó a la categoría de compleja la investigación que sigue para esclarecer una supuesta comisión del delito contra la administración pública en las modalidades de desobediencia a la autoridad y abuso de autoridad, en la cual está involucrada el portal de noticias BuenaPepa y la Municipalidad Provincial de Trujillo.
Los hechos se remiten a la negación de acceso a la información que la comuna de Trujillo perpetró con una solicitud presentada, en noviembre del 2022, por este medio de comunicación para que se le entregue copias de los correos enviados y recibidos desde la cuenta institucional del entonces alcalde José Prudencio Ruiz Vega.
Interés social
El Tribunal Constitucional (TC), el órgano supremo de interpretación de la Constitución, aclaró, en diversas resoluciones, que los mensajes que salen y entran desde el email de una autoridad son de interés público y, por lo tanto, deben ser sometidos al escrutinio ciudadano.
En esa línea, BuenaPepa consideró pertinente conocer la correspondencia del exburgomaestre, a fin de analizarla, contextualizar y compartirla con la ciudadanía.
Los hechos se remiten a la negación de acceso a la información que la comuna de Trujillo perpetró con una solicitud presentada, en noviembre del 2022, por este medio de comunicación para que se le entregue copias de los correos enviados y recibidos desde la cuenta institucional del entonces alcalde José Prudencio Ruiz Vega.
“La información contenida en correos electrónicos de los funcionarios y servidores públicos es de acceso público, siempre que se trate de información institucional de naturaleza pública”, señala el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, organismo del Ministerio de Justicia, encargada de resolver, en la última instancia administrativa, las controversias que se susciten vinculadas a la transparencia y al derecho al acceso a la información pública.
Municipio debe ser amigable
El artículo 26 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.° 27972) señala que la gestión municipal se rige por los principios de transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana.
La misma norma señala que todo “vecino tiene derecho a ser informado respecto a la gestión municipal y a solicitar la información que considera necesaria, sin expresión de causa; dicha información debe ser proporcionada, bajo responsabilidad”.
En esa línea y en amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), la misma que faculta a cualquier persona a solicitar información pública que hayan creado o almacenado las instituciones del Estado, BuenaPepa presentó su solicitud.
Los empleados, funcionarios y autoridades están obligados a cumplir este mandato. Si no lo hace, la ley considera sanciones para los responsables.
Investigación: vamos a la fiscalía
Sin embargo, en la comuna de Trujillo se burlan, de manera sistemática, de la LTAIP y de la necesidad ciudadana de conocer el quehacer de nuestras autoridades, como corresponde la conducta de las personas en una sociedad democrática.
En diciembre del 2022, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, le ordenó a la institución edil que acate la norma y, por lo tanto, cumpla con brindarle información a BuenaPepa; pero tampoco acató.
Esa conducta tipifica como un delito contra la administración pública, por ello el Tribunal de Transparencia denunció el hecho ante la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad.
La Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Trujillo, que dirige el fiscal César Chávez Chávez, ordenó, el 2 de marzo, abrir investigación preliminar contra los que resulten responsables.
La fiscalía ordenó una serie de diligencias por un plazo de 60 días.
Compleja y 80 días
Sin embargo, esas acciones no se han realizado por completo. En especial, la municipalidad de Trujillo no ha cumplido con brindar la información que la fiscalía le solicitó.
Por ese y otras consideraciones, el fiscal Chávez firmó, el 17 de julio del 2023, una disposición, mediante la cual eleva esta investigación a la categoría de compleja y fija un plazo de ocho meses para reiterar y agregar otras acciones indagatorias. El periodo se contabilizará desde marzo del 20232.
Estas son las diligencias que realizará la fiscalía:
“El ejercicio del derecho de acceso a la información pública fortalece la participación ciudadana, las políticas públicas, la gestión pública y por ende la gobernabilidad democrática. Al mismo tiempo, permite reforzar la legitimidad del sistema democrático incorporando al ciudadano en los procesos de deliberación, gestión y evaluación de las políticas públicas, sumando un componente de sustentabilidad a las políticas públicas”, recalca la Organización de Estados Americanos (OEA).
