Arturo Fernández Bazán no sólo tiene poses de capataz; sino, también, acciones de dictador. Le declaró la ‘guerra’ al general Augusto Ríos Tiravanti, jefe de la Policía en La Libertad, desde antes de asumir su gestión al frente de la municipalidad de Trujillo. Hizo lo mismo con otras autoridades que no comulgan con él. Tampoco se midió en sus declaraciones y ofendió a dos mujeres periodistas con frases injuriosas y ahora intenta cargar contra sus propios trabajadores.
La Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) aprobó el Reglamento Interno para Servidores Civiles, en el que les prohibió por escrito a todos los trabajadores opinar sobre la gestión municipal que preside Arturo Fernández.
En el artículo N.º 26 del capítulo IV Derechos, Obligaciones y Prohibiciones del Servidor, se establece el impedimento de “opinar a través de cualquier medio de comunicación, a título personal o de un tercero, sobre temas relacionados con la municipalidad provincial o su personal, sin autorización previa y expresa”.
El documento, que consta de 92 páginas, fue aprobado y refrendado por el alcalde Arturo Fernández el pasado 27 de febrero y publicado el 4 de marzo.
Atropello a la Constitución
La prohibición municipal contraviene a lo que establece la Constitución Política del Perú, la norma suprema que garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En su artículo 2 inciso 4 la Carta Magna establece que “toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley”.
Para Carlos Talledo Manrique, abogado constitucionalista, la aprobación del Reglamento Interno de Servidores Civiles del municipio es “arbitraria, totalitaria y dictatorial”.
“Ninguna norma puede vulnerar derechos fundamentales, más aún derechos tan básicos como la libertad de opinión. Creo que el Perú aún es un país libre; somos una democracia, tenemos derechos y también deberes; pero bajo ninguna circunstancia se puede permitir que nadie censure una opinión, así sea en tu trabajo”.
“Toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley”.
Artículo 2 inciso 4 de la Constitución
Remarcó que no puede existir un reglamento “que diga que no puedes opinar sobre ciertos temas porque lo digo yo y punto”. “Esto es una democracia no es una dictadura. Nosotros no vivimos en gobiernos totalitarios que quien manda te dice qué hacer y qué no hacer. Si nos basamos en un concepto elemental de derecho, que la Constitución es la norma suprema y está por encima de cualquier ley, y más aún, de cualquier reglamento, se interpreta que ese inciso no debería aplicarse”.
Aclaró que los trabajadores municipales pueden presentar una acción de amparo para evitar que sus derechos sean vulnerados. “Ya el Tribunal Constitucional ha desarrollado ampliamente este tema. No puedes decirle a un trabajador que no opine sobre ciertos temas. Se tienen que tomar los correctivos necesarios, ni siquiera debería existir esa norma”, agregó en referencia al veto de opinión en el reglamento interno de la MPT.
“Ninguna norma puede vulnerar derechos fundamentales, más aún derechos tan básicos como la libertad de opinión”.
– Carlos Talledo Manrique
“¿Me están poniendo una mordaza para no opinar? Como persona soy libre de opinar en cualquier lugar”
– Alfredo Galindo Peralta
Patinada de cabo a rabo
El decano del Colegio de Periodistas de La Libertad, Alfredo Galindo Peralta, también mostró su preocupación y rechazo a la disposición aprobada por el alcalde Arturo Fernández.
“El derecho de libre expresión, opinión y difusión del pensamiento es un derecho constitucional que no puede ser restringido por ninguna autoridad administrativa. Ese reglamento interno es arbitrario e inconstitucional”, mencionó.
Aclaró que una cosa es prohibir la divulgación de información confidencial y otra silenciar las opiniones personales de los trabajadores.
“Por ejemplo, una información propia de la entidad que tiene que autorizar el superior es entendible que se busque proteger, pero opinar a título personal no se puede prohibir, ¿Me están poniendo una mordaza para no opinar? Como persona soy libre de opinar en cualquier lugar”.
“El prohibir eso es una patinada de cabo a rabo. Es atentar contra un derecho constitucional”
Alfredo Galindo Peralta
BuenaPepa contactó vía telefónica a la gerenta municipal Diana Tello Murrugarra para recoger su declaración, pero quien atendió el teléfono, al parecer, fue un trabajador de su confianza. “La gerenta está en una actividad. Ella te devuelve la llamada en diez minutos”, nos respondió. Desde ese momento hasta la publicación de esta nota han transcurrido cuatro horas.
Arturo Fernández y trabajadores se enfrentan
Arturo Fernández Bazán sostuvo un cruce áspero con el personal de Seguridad Ciudadana y Obras Públicas la mañana del martes 7 de marzo. Los trabajadores realizaron un plantón en los exteriores del Palacio Municipal para exigir el pago de los pactos colectivos y bonos correspondientes al mes de febrero.
Fernández evidenció una actitud soberbia y desafiante, lo que desató la ira del personal municipal quienes lo insultaron y hasta arrojaron botellas.
“Cuántas veces el señor alcalde nos ha tildado de vagos y parásitos. El vago es él. Tiene dos meses de gestión y hasta ahora no hace nada por Trujillo”, mencionó uno de los trabajadores.
En horas de la tarde, fuentes consultadas por este medio confirmaron que la municipalidad provincial cumplió con abonar las deudas con los sindicalistas.
