Otro escándalo de presunta corrupción sacude a la gestión de Arturo Fernández Bazán, al frente de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).
La Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios de La Libertad abrió una investigación preliminar contra el alcalde suspendido y sus funcionarios de confianza Eduardo Liu Palacios y Silvia Esperanza Vásquez Saldaña (exsubgerente de Abastecimientos), entre otros.
Los hechos materia de investigación ocurrieron el año pasado y giran en torno a presuntas contrataciones fraudulentas y direccionadas en la MPT.
Arturo Fernández: por esto debe responder el alcalde suspendido
La investigación se centra en las contrataciones simuladas de Hugo Chavarry Pizango, Heberth Concha Cano y Alejandro Pérez Bermúdez. Según la fiscalía, estas personas fueron contratadas aparentemente para ofrecer servicios de seguimiento y coordinación de actividades administrativas para la Gerencia de Seguridad Ciudadana, todos con las mismas funciones y términos de referencia.
Sin embargo, para evadir un proceso de selección, se decidió fraccionar la contratación, una práctica prohibida por la directiva N.° 002-2021-MPT.
Los contratados supuestamente debían coordinar actividades entre Seguridad Ciudadana y otras áreas de la MPT, participar en reuniones de trabajo para implementar medidas de seguridad, elaborar protocolos y coordinar respuestas rápidas.
No obstante, en sus declaraciones, Chavarry, Concha y Pérez indicaron que residían en la casa de los padres de César Arturo Fernández Bazán, mientras que Alan Sucapuca vivía en la casa del suspendido alcalde.
Eduardo Liu, exgerente de Seguridad Ciudadana en la gestión municipal de Arturo Fernández, está siendo investigado como autor del delito de peculado doloso agravado, mientras que Fernández es señalado como instigador.
Ambos, junto a Silvia Vásquez, también enfrentan cargos de negociación incompatible y falsedad ideológica. Las notificaciones para declarar han sido emitidas por cuarta vez, con una cita programada para el próximo 25 de julio.
Marielyth Karina Bailón Valderrama, exgerente de Recursos Humanos de la MPT, también ha sido citada para declarar, con el apercibimiento de ser conducida compulsivamente en caso de no presentarse.
La municipalidad de Trujillo desembolsó más de 58 mil soles
Las contrataciones comenzaron el 10 de septiembre de 2023, con un sueldo mensual de S/ 4,500.00 para cada uno de los involucrados, acumulando un total de S/ 58,500.00 entre todos ellos.
Según la tesis fiscal, Alan Sucapuca recibió S/ 13,500.00, Alejandro Pérez S/ 9,000.00, Heberth Concha S/ 18,000.00 y Hugo Chavarry S/ 18,000.00 por realizar actividades particulares y privadas, simulando un servicio de seguimiento y coordinación en la MPT.
La Gerencia de Seguridad Ciudadana, bajo la dirección de Eduardo Liu Palacios, no exigió informes que evidenciaran la prestación del servicio.
El delito de negociación incompatible, estipulado en el artículo 399° del Código Penal, prevé una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación para el funcionario o servidor público que, indebidamente y en forma directa o indirecta, se interesa en provecho propio o de tercero en cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo.
La investigación fiscal sostiene que Arturo Fernández indujo a Eduardo Palacios Liu a simular un servicio de seguridad personal, a sabiendas de que la entidad encargada de brindar seguridad era la Policía Nacional y no la municipalidad.
Este caso sigue desarrollándose, y las próximas semanas serán cruciales para determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes.
