Roy Arbaiza Corcuera, electo alcalde de Trujillo por el partido de Arturo Fernández Bazán, sigue dando sorpresas. ¿Y qué sorpresas? a) La sentencia por alimentos que nunca declaró. b) El título de abogado que no aclaró que provenía de otra universidad. c) Las fechas de sus grados académicos que dejó en blanco.
Quien estará a cargo de la administración de Trujillo se guarda información y poco o nada conoce las virtudes y obligaciones de la transparencia.
Para varios actores políticos de la región, ese patrón no es un detalle menor. Es, más bien, una señal de lo que podría ser la gestión municipal que está por empezar en Trujillo. Porque una cosa es equivocarse en un trámite y otra muy distinta es que las omisiones se repitan una y otra vez en el documento más importante que un candidato presenta al electorado.
La hoja de vida de Roy Charlie Arbaiza Corcuera, electo alcalde de Trujillo por el partido de Arturo Fernández Bazán, sigue dando sorpresas. ¿Y qué sorpresas?
Para el regidor, la transparencia no es algo que se agota en la campaña. “La hoja de vida es una declaración jurada, es una promesa de transparencia. Si esa promesa ya se incumple antes de asumir el cargo, ¿qué podemos esperar de la gestión? La ciudad merece claridad, no sorpresas”, agregó.
Y todas parecen apuntar al mismo lugar: información que se guarda, datos que se esquivan, transparencia que se deja para después. Para varios actores políticos de la región, ese patrón no es un detalle menor. Es, más bien, una señal de lo que podría ser la gestión municipal que está por empezar en Trujillo.
El último hallazgo tiene que ver con una omisión en la Sección IX —Información Adicional— de su Declaración Jurada de Hoja de Vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Leer más: Abogado, ¿de dónde?: alcalde electo de Trujillo declaró título de UPN, pero Sunedu lo desmiente
Ese espacio existe justamente para que el candidato agregue aquello que no pudo consignar antes, y el propio formato pone como ejemplo: “precisar si los estudios universitarios del candidato/a fueron en una universidad distinta por la que finalmente obtuvo su bachillerato o título profesional”.
Arbaiza no lo usó. Dejó anotado que estudió en la Universidad Privada del Norte (UPN) y que es abogado, pero nunca aclaró que su título profesional, en realidad, proviene de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV). Tampoco consignó las fechas exactas de sus grados académicos.
Trujillo: tiempos oscuros para la ciudad
Consultado por BuenaPepa, el regidor Luis Migue González Rosell dijo que este nuevo caso de omisión en la hoja de vida de Arbaiza no debería tomarse como un hecho aislado, sino como un indicio preocupante de lo que será el gobierno de la ciudad bajo su mando.
“Cuando un alcalde electo no es transparente en el documento más básico que presenta al electorado, la preocupación sobre cómo va a gestionar los recursos públicos y la información municipal es legítima”, señaló González Rosell.
Para el regidor, la transparencia no es algo que se agota en la campaña. “La hoja de vida es una declaración jurada, es una promesa de transparencia. Si esa promesa ya se incumple antes de asumir el cargo, ¿qué podemos esperar de la gestión? La ciudad merece claridad, no sorpresas”, agregó.
La mirada del constitucionalista
Para el abogado constitucionalista Mirko Maldonado-Meléndez, la omisión no es un simple olvido administrativo.
La Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV), explica, exige consignar de forma precisa los estudios universitarios y los grados obtenidos, con fechas exactas.
“Omitir la fecha de graduación o la entidad universitaria abre una zona de sombra sobre la trazabilidad y autenticidad del título profesional”, señala.
El análisis de Maldonado-Meléndez pone el énfasis en la gravedad de la conducta para un profesional del derecho. Tratándose de la profesión de abogado, habilitado para ejercer previo registro en un colegio profesional, la omisión intencional de datos temporales o institucionales “quiebra la presunción de veracidad”.
Si lo que se busca es ocultar que el título fue expedido por una institución distinta o que la fecha no coincide con los períodos declarados de ejercicio profesional, el órgano electoral debería calificar la omisión como una infracción grave al deber de transparencia, lo que podría acarrear la exclusión del candidato y una denuncia penal por falsa declaración en procedimiento administrativo.
Roy Arbaiza: el quiebre ético
Pero más allá de lo legal, Maldonado-Meléndez advierte un profundo problema ético. La idoneidad de un aspirante al sillón municipal no se mide solo con la ley, sino bajo la doctrina de la ética pública e integridad. La omisión deliberada de información profesional por parte de un abogado candidato a alcalde acarrea severas consecuencias morales.
“Un profesional del derecho que manipula o cercena los datos de su propia trayectoria académica para participar en una contienda electoral demuestra un cálculo utilitario de la norma. Si omite la verdad en su carta de presentación ciudadana antes de asumir el poder, carece de la legitimidad moral para exigir el cumplimiento de la ordenanza, el pago de arbitrios o el respeto al ordenamiento a sus administrados”, sostiene.
El constitucionalista suma un tercer elemento: la disonancia ética. La omisión de demandas por alimentos —como la sentencia que el alcalde electo no declaró— atenta contra la responsabilidad familiar y la empatía social.
“El candidato que evade o invisibiliza el auxilio debidamente exigido a sus propios dependientes revela un déficit de integridad personal incompatible con la máxima autoridad de un distrito o provincia, cuya función primordial es la protección de los sectores vulnerables de su comunidad”, apunta.
