La violencia en el Perú experimentó un hipo —contracción brusca— la tarde del jueves 21 de mayor del 2025. El alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura, Víctor Hugo Febre, fue asesinado a balazos por sicarios cuando se desplazaba en su vehículo desde su vivienda hacia la municipalidad.
Este magnicidio no solo enluta a una comunidad, sino que representa una peligrosa escalada de la violencia criminal en el norte del país, una zona ya golpeada por la inseguridad y el narcotráfico. ¿Hacia qué instancia va la criminalidad en el norte del Perú?
Lo que se sabe hasta ahora del atentado
De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), el burgomaestre viajaba acompañado de su chofer cuando su unidad móvil fue interceptada y atacada a disparos en el sector San Sebastián.
Tras el ataque, el conductor resultó herido y logró trasladarse por sus propios medios a un centro de salud cercano. Febre, abogado de profesión y alcalde electo para el periodo 2023-2026 por el movimiento Contigo Región, falleció en el lugar.
La noticia generó conmoción inmediata entre funcionarios y trabajadores de la comuna distrital, quienes paralizaron sus actividades. La población, por su parte, acudió hasta el lugar de los hechos y, la mayoría, usó las redes sociales para expresar su pesar.
Febre había sido regidor distrital entre 2015 y 2018, y su gestión se caracterizó por denunciar recurrentemente la falta de seguridad en su jurisdicción, un distrito populoso y golpeado por la delincuencia.
Respuesta policial: Plan Cerco y refuerzos desde Lima
Ante el lamentable suceso, el Ministerio del Interior (Mininter) activó una respuesta ordinaria: intensificar las acciones de búsqueda, investigación e inteligencia, para reforzar la presencia policial en puntos estratégicos de la región.
Las unidades policiales ejecutaron el Plan Cerco, bloquearon las principales vías de comunicación de la provincia e iniciaron patrullajes coordinados. Esta rápida reacción permitió ubicar la motocicleta presuntamente utilizada por los autores materiales para perpetrar el crimen y facilitar su fuga. El vehículo ya es sometido a peritajes de criminalística.
Mientras las autoridades despliegan operativos, en las calles de Veintiséis de Octubre y en las redes sociales crece la indignación y el miedo.
En paralelo, un equipo especializado de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de Lima se traslada a Piura para reforzar y centralizar las investigaciones con apoyo tecnológico y capacidades avanzadas de análisis criminal.
El general jefe de la Región Policial Piura, Daniel Jorge Jares Reyme, se desplazó hasta la provincia de Piura para liderar personalmente las operaciones tácticas.
Fuentes policiales indican que el presunto autor material ya habría sido identificado preliminarmente por los agentes de inteligencia.
Críticas de la población: «Los alcaldes están indefensos»
Mientras las autoridades despliegan operativos, en las calles de Veintiséis de Octubre y en las redes sociales crece la indignación y el miedo. Los vecinos cuestionan duramente la falta de protección a las autoridades locales y la inacción frente a la ola de crimen organizado que se ha instalado en la región.
“Esto no es nuevo. Hace meses venimos denunciando que los sicarios actúan con total impunidad. Si matan a un alcalde en pleno día, ¿qué podemos esperar los ciudadanos comunes?”, declaró un comerciante que prefirió mantener su identidad en reserva.
Organizaciones de la sociedad civil y gremios exigieron al Gobierno central un plan de protección efectivo para las autoridades de las zonas más peligrosas del país.
“Un atentado de esta magnitud no es un hecho aislado. Es el síntoma de un Estado que ha perdido el control territorial en el norte”, advirtió un analista en seguridad ciudadana.
Un antes y un después en la violencia del norte
El asesinato de Víctor Hugo Febre no es un crimen más. Es el primer magnicidio contra un alcalde en ejercicio en Piura en la historia reciente, y marca un punto de inflexión en la escalada de violencia que afecta a los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, zonas donde las disputas por el control de la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión han cobrado cientos de vidas.
Especialistas en seguridad advierten que el crimen organizado ha pasado de atacar a comerciantes y transportistas a eliminar sistemáticamente a autoridades y líderes sociales que se interponen en sus negocios ilícitos. La pregunta que ahora flota en el ambiente es: ¿quién será el próximo?
«Nadie se había atrevidado hasta hoy a atacar a un alcalde», señaló el gobernador regional de Piura, Luis Neyra. Agregó que las autoridades ediles no cuentan con seguridad y que la muerte de Febre es la evidencia de que la delincuencia ha escalado a niveles insospechados.
En la región La Libertad, el caso más reciente y de mayor impacto sobre el asesinato de una autoridad edil es el de Elena Rojas Alcalde, regidora de la Municipalidad Distrital de Chicama (provincia de Ascope). La concejal fue asesinada a balazos por presuntos sicarios el 18 de diciembre de 2025 en el centro poblado de Sausal.
El atentado se perpetró en una plazuela mientras la regidora participaba en una chocolatada y repartía juguetes a niños de la zona. En medio de la balacera, siete personas resultaron heridas de bala, la gran mayoría menores de edad.
También, en La Libertad, en alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, denunció ser víctima de extorsiones y amenazas de muerte. Delincuentes, que aseguran pertenecer a la banda criminal Los Pulpos, le exigieron el pago de S/ 50 000 para no atentar contra su vida y la de su familia.
La violencia en el norte del Perú no tiene freno. Los delincuentes actúan con total osadía. El magnicidio es el asesinato de un personaje de alta relevancia política, social o ideológica. Las autoridades deben asumir que la muerte del alcalde Febre busca pulverizar el orden social y sus consencuencias deben marcar un antes y un después en la lucha contra la criminalidad para bien de población.
