El subsuelo peruano sangra oro, pero sus réditos ya no financian el desarrollo nacional, sino una maquinaria criminal que opera a la sombra de la legalidad: la minería ilegal.
Lo que antes se perfilaba como una crisis focalizada en zonas de frontera y enclaves tradicionales se ha consolidado como una problemática estructural sin precedentes, capaz de doblegar las proyecciones económicas del país y desestabilizar el orden sociopolítico de regiones enteras.
Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), durante el año 2025, el negocio de las exportaciones de oro ilegal alcanzó una cifra histórica y escalofriante: US$ 11 000 millones.
Este monto representa un incremento del 55 % en comparación con el año anterior y multiplica por 6.5 veces los registros de hace apenas una década.
El fenómeno encuentra su combustible en dos factores concurrentes: el repunte sostenido de los precios internacionales del metal precioso y la incapacidad del Estado para fiscalizar la trazabilidad del mineral y ejercer soberanía efectiva sobre sus territorios.
Esta falta de control ha permitido el nacimiento de un gigante financiero subterráneo. De acuerdo con estimaciones oficiales, las operaciones sospechosas vinculadas a esta actividad alcanzaron los US$ 6 000 millones en 2025, lo que consolida a la minería ilegal como una economía criminal que supera formalmente al narcotráfico en volumen de lavado de activos y flujo financiero ilícito, explica el IPE.
Epicentros del delito
La devastación no es homogénea, sino que se concentra con violencia en zonas estratégicas de la geografía peruana, expandiéndose con fuerza en regiones amazónicas y altoandinas donde el tejido social y ambiental se rompe diariamente.
Madre de Dios (el frente amazónico y ambiental), es el epicentro histórico del problema. Los reportes satelitales alertan sobre una expansión agresiva dentro de áreas protegidas como la Reserva Nacional Tambopata, donde solo entre mediados de 2025 e inicios de 2026 se registró la deforestación de más de 500 hectáreas de bosque virgen debido a la instalación de campamentos e infraestructuras mineras en sectores críticos como Isla Córdoba e Isla Correntada.
La Libertad (el frente andino y del crimen organizado), particularmente en la provincia de Pataz, concentra cerca de la tercera parte de la producción aurífera nacional.
Aquí, la minería ilegal ha dejado de ser una actividad puramente informal para mimetizarse con organizaciones criminales y bandas dedicadas a la extorsión y los ataques armados, convirtiendo los socavones en campos de batalla. En los últimos siete días, se han registrado dos secuestros de trabajadores mineros en distintos socavones.
La frontera norte y cuencas amazónicas (Loreto y Amazonas), cierran el epicentro. Según informes situacionales recientes, más de 14 ríos están invadidos por dragas ilegales —como las cuencas de los ríos Nanay, Marañón y Santiago—, que afectan de manera directa el suministro de agua y los derechos humanos de comunidades nativas y ribereñas.
Austeridad en el debate político y legislativo
Frente a un escenario de desborde criminal, el análisis de las propuestas políticas de las principales fuerzas del país devela una alarmante falta de visión estructural y técnica.
María Alejandra Ormeño, jefa de Políticas Públicas del IPE, analizó las propuestas de las dos fuerzas políticas que pugnara en la segunda vuelta para llegar a Palacio de Gobierno.
Sobre Fuerza Popular: aunque su plataforma cubre seis de los siete ejes de gestión identificados para la problemática, omite plantear medidas concretas sobre el futuro y la reforma del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el controvertido mecanismo utilizado frecuentemente como escudo de impunidad por operadores al margen de la ley.
Juntos por el Perú, explica, sostiene propuestas que giran en torno a la creación de un esquema de cooperativas bajo tutela estatal y la monopolización de la comercialización total del oro por parte del Estado. Sin embargo, analistas advierten que esta centralización genera severos riesgos de corrupción burocrática y despoja a los productores de su autonomía financiera.
Las limitaciones políticas en ambos planes de gobierno, demuestran que, sin reformas estructurales urgentes que ataquen las redes de lavado de activos y refuercen la institucionalidad fiscalizadora, la minería ilegal seguirá paralizando y afectando proyectos mineros formales valorizados en más de US$ 12,000 millones, debilitando irremediablemente la confianza inversionista y el estado de derecho en el Perú.
