En el Perú, la educación pública es gratuita en todos sus niveles (inicial, primaria, secundaria y superior universitaria) en instituciones del Estado, amparada por la Constitución y la Ley General de Educación.
Incluso, desde inicio de año, se desarrollan campañas en las que se recuerda a las responsables de las instituciones públicas que está prohibido condicionar la matrícula o permanencia de estudiantes a cualquier tipo de pago, aporte o requisito económico. Sin embargo, este derecho es mermado al momento de la matrícula.
A pocos días del inicio del año escolar, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre graves irregularidades que están afectando el derecho a una educación pública gratuita durante el proceso de matrícula escolar 2026.
En 504 instituciones educativas públicas y 12 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) en diversas regiones del país que fueron supervisadas, se detectaron cobros indebidos, trámites ilegales y serias fallas en la implementación de la matrícula digital.
“Uno de los problemas más preocupantes es la exigencia de pagos indebidos a las familias. Pese a que la normativa establece que la cuota ordinaria de la Asociación de Padres de Familia (APAFA), debe pagarse recién desde abril, más de la mitad de los colegios supervisados (270) estaba realizando el cobro durante el proceso de matrícula”, detalló el ente.
Mala praxis en La Libertad
En 22 instituciones educativas, incluso se exigieron montos superiores al límite legal del 1.5 % de la UIT (S/82.50) y se registraron cobros que iban desde los 100 hasta más de 200 soles.
“La mitad de estos casos se concentró en La Libertad, lo que evidencia una práctica que golpea directamente la economía de las familias”, detalla la Defensoría.
Según la norma, las APAFA´s, si bien pueden acordar cuotas en asamblea general, su pago no es requisito para la matrícula ni para la continuidad del estudiante, y el monto de la cuota ordinaria no puede exceder el 1.5 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, es decir, hasta un máximo S/. 82.50.
Además, el artículo 17 de la Constitución Política del Perú y el artículo 4 de la Ley General de Educación (N.° 28044) establecen la gratuidad de la enseñanza pública y prohíben toda práctica que limite el ingreso o permanencia de estudiantes por razones económicas.
Discriminación
La Defensoría del Pueblotambién detectó prácticas discriminatorias y trabas administrativas injustificadas. En 32 colegios se aplicaban evaluaciones de ingreso a estudiantes o a sus familias, a pesar de que esta práctica está prohibida.
Estos casos se registraron principalmente en Ayacucho, Puno, Lima y Áncash. Además, cerca de una quinta parte de las instituciones educativas supervisadas (95) no cuenta con criterios claros de admisión, lo que deja el acceso a las vacantes sujeto a decisiones arbitrarias.
También se advirtió una excesiva burocracia en el proceso de matrícula. En más de un tercio de los colegios supervisados (183) se exigieron documentos que la normativa no contempla, como libretas de notas, certificados de estudios o cartillas de vacunación.
Esta situación se registró con mayor frecuencia en regiones como Ayacucho, Tumbes, Junín, La Libertad, Puno y Ucayali. “Estas exigencias también afectaron a estudiantes extranjeros en 49 colegios, y en ocho instituciones, incluso, se negó la matrícula a menores sin documento de identidad, pese a que la normativa permite utilizar una declaración jurada”.
La sombra de la deserción
De 1575 alumnos que dejaron de asistir en 2025 tras acumular más de 60 días de inasistencia, menos de la mitad logró reincorporarse al sistema educativo en este proceso de matrícula. Esto significa que 859 niños y adolescentes siguen fuera de las aulas, en una situación de alta vulnerabilidad.
La supervisión también evidenció serias dificultades en la implementación de la matrícula digital. Tras la primera etapa del proceso, ocho UGEL reportaron solicitudes aún pendientes de atención, y cinco de ellas concentran más de 46 mil solicitudes acumuladas, lo que refleja retrasos significativos en la atención a las familias.
A ello se suma que la falta de puntos de atención presencial está limitando el acceso al sistema: una UGEL no habilitó ningún punto de apoyo y otras tres solo contaban con uno.
La data de este informe defensorial ya fue cursado al Ministerio de Educación para que tome las medidas correctivas.
