Una condena ejemplar contra la extorsión. El Poder Judicial sentenció a 20 años y seis meses de pena privativa de la libertad efectiva a Jean Carlos Salas Soto, hallado culpable de los delitos de extorsión agravada en grado de tentativa y tenencia ilegal de municiones, tras una investigación dirigida por el Ministerio Público en Trujillo.
Trujillo: así se desarrolló proceso por extorsión
El fallo fue emitido por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo, luego de que la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa presentara pruebas que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal Diana Kelly Soto Caro, quien logró demostrar que Salas Soto extorsionaba a J. R. A. E., propietaria de una cadena de boticas ubicada en el sector Alto Moche, en la provincia de Trujillo.
Víctima recibía amenazas de muerte
De acuerdo con la tesis fiscal, la empresaria venía recibiendo amenazas extorsivas que incluían advertencias directas contra la vida de su familia. El 10 de marzo de 2025, el acusado fue intervenido por efectivos policiales tras mostrar una actitud sospechosa.
Durante el registro personal, la Policía halló en su poder un manuscrito extorsivo, en el que se otorgaba a la víctima un plazo de 24 horas para «dar solución», bajo amenaza de muerte. Además, se le incautaron dos municiones sin percutir calibre 38 Special, evidencia clave para sustentar el delito de tenencia ilegal de municiones.
Durante el juicio oral, la fiscal Diana Soto Caro sustentó la acusación con actas de intervención policial, declaraciones testimoniales y pruebas periciales, que acreditaron la peligrosidad del acusado y su participación directa en los hechos.
El colegiado desglosó la condena de la siguiente manera: 12 años y 6 meses por el delito de extorsión en grado de tentativa y 8 años por el delito de tenencia ilegal de municiones.
Al aplicarse la figura de concurso real de delitos, la pena total ascendió a 20 años y seis meses de prisión efectiva, la cual Salas Soto deberá cumplir en el penal El Milagro, con fecha de excarcelación prevista para el año 2045.
Asimismo, el tribunal dispuso el pago de una reparación civil a favor de la agraviada y del Estado.
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