Cuentas claras. En plena controversia por el uso indebido del financiamiento para la franja electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realiza visitas a las sedes de los partidos políticos que han recibido financiamiento público directo, con el fin de verificar información sobre el uso que le han dado a lo largo del año 2025.
Esta información fue presentada ante la ONPE por los diez partidos que obtuvieron representación en el Congreso de la República en las Elecciones Generales 2021: Partido Político Nacional Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País – Partido de Integración Social, Juntos por el Perú, Partido Democrático Somos Perú, Podemos Perú y Partido Morado.
ONPE informó a BuenaPepa que “se busca el controlar si el destino de los fondos públicos se ciñó a las reglas, establecidas en la Ley de Organizaciones Políticas”.
Según dicha ley, “hasta el 50 % puede ser utilizado en gastos de funcionamiento ordinario, así como en la adquisición de inmuebles, mobiliario y otros bienes necesarios para atender actividades consustanciales al objeto de la organización política. También, en la contratación de personal y servicios diversos, que incluyen la asesoría y el patrocinio legal a la organización política y a sus directivos, representantes y voceros en ejercicio”.
Otra condición es que “no menos del 50 % del financiamiento público directo recibido debe destinarse a actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de estas, bajo criterios de igualdad, paridad y no discriminación entre hombres y mujeres”
Las visitas de supervisión abarcaron la revisión de libros de actas, los manuales de políticas y procedimientos internos, los planes y presupuestos aprobados para la ejecución del financiamiento público directo durante el 2025. Asimismo, las declaraciones mensuales y los libros contables: registro de compras, registro de ventas, libro diario, libro mayor, libro de inventario y balances, libro de activos fijos y libro caja.
Además de documentación que sustente las rendiciones de cuentas, como el libro banco, los extractos y conciliaciones bancarios, la relación de chequeras y talonarios utilizados en el 2025.
También, el archivo con el sustento de los gastos efectuados, incluyendo los gastos por caja chica; los arqueos de caja; el último inventario de activos fijos que incluya las adquisiciones realizadas con los fondos públicos; el análisis de entregas a rendir e información adicional que los auditores soliciten para el cumplimiento de su labor.
“Los partidos deben poner a disposición del organismo electoral los requerimientos, cotizaciones, comprobantes de pago, conformidad de servicios y contratos con terceros para realizar actividades de formación, capacitación e investigación u otros medios que sustenten los gastos.
Además, los contratos vigentes por alquileres, la relación del personal en planilla, boletas de pago, la relación de terceros y sus respectivos contratos”, informó la ONPE.
En los próximos días la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE emitirá un informe técnico, en el cual señalará si existe mérito para el inicio de un procedimiento administrativo sancionador.
“Tanto las rendiciones de cuentas presentadas por los partidos políticos como los informes técnicos respectivos son publicados en la plataforma digital de financiamiento CLARIDAD, que es de acceso público”, puntualizó el ente.
De advertirse presuntas infracciones a la norma y los incumplimientos detectados, al partido se le otorga un plazo de cinco días útiles para la subsanación de dichas observaciones.
