Entró en vigor el Decreto Legislativo (DL) N° 1695, que incorpora modificaciones al Código Penal en los artículos 307-A, 307-E y 307-F, e incorpora el nuevo artículo 307-G, para reforzar el marco penal aplicable a toda la cadena delictiva vinculada a la minería ilegal: desde la extracción sin autorización hasta el tráfico de insumos, maquinaria y recursos minerales de origen ilícito.
“En el caso del delito de minería ilegal (artículo 307-A), se mantiene una pena severa de cinco a ocho años de prisión, aplicable no solo a quienes operen sin autorización administrativa, sino también a quienes se encuentren fuera del proceso de formalización minera y generen —o puedan generar— daño ambiental o a la salud”, se lee en el portal del diario Oficial El Peruano.
También en endurecieron las penas para el tráfico ilícito de insumos químicos y maquinaria destinada a minería ilegal (artículo 307-E) que será castigado con penas de seis a nueve años de prisión; el tráfico de recursos minerales provenientes de minería ilegal (artículo 307-F), ampliando la responsabilidad penal a quienes transporten, comercialicen o exporten minerales de origen ilícito.
Una novedad es la “inhabilitación como pena adicional”: los condenados quedarán impedidos, por un periodo igual al de la pena principal, de obtener concesiones mineras o participar en actividades de comercialización y transporte de minerales; incluso, a través de terceros, según el artículo 307-G.
Blanqueamiento de oro
El blanqueamiento del oro es la actividad que sostiene a la minería ilegal: se refiere al proceso de legitimar oro extraído ilegalmente y/o contaminado (usualmente con mercurio), haciéndolo pasar por oro legal para su venta y exportación, a través de empresas exportadoras, refinerías o mediante el lavado de dinero.
También disfraza su origen ilícito, evadiendo impuestos y ocultando delitos como la deforestación, trata de personas y financiamiento criminal, usando rutas fronterizas y complicidad financiera para blanquear los fondos.
Según el libro «Cadena de valor de la minería ilegal del oro y desvío de insumos primarios destinados a este delito en el Perú», publicado por el Ministerio del Interior (MINTER), para que el oro ilegalmente extraído pueda ser transportado desde los socavones hacia las plantas de beneficio sin ser detectado, los mineros hacen uso indebido de las guías de remisión, en dos modalidades.
La primera modalidad consiste en negociar con los mineros informales para que hagan uso de las actas de remisión que tienen (incluso, se maneja la hipótesis de que existe cierto mercado negro de parte de los informales). Con esto se logra sustentar que el oro ilegalmente extraído proviene (en el papel) de una concesión permitida, cuando en realidad proviene de otras zonas donde la extracción mineral está prohibida o no se cuenta con los permisos correspondientes.
La segunda modalidad es que son los propios mineros informales, quienes aprovechando las guías de remisión originales con las que cuentan, extraen minerales de lugares en los que no cuentan con autorización, pasando así de la informalidad a la ilegalidad. El blanqueamiento o recojo de las actas de remisión se da en las mismas plantas de beneficio o en algún local del camino entre el lugar de extracción y la planta de beneficio.
La trampa del REINFO
«También se ha recogido la hipótesis de que el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) podría ser utilizado como una herramienta directa de la criminalidad, ya que los financistas de la minería ilegal pueden inscribir a cierta cantidad de mineros informales y, a través de ellos, obtener permisos de extracción. Estos permisos les permiten sustentar el origen legal de minerales extraídos de manera ilegal», explica el MINTER.
Según el MINTER, bajo esta modalidad operan los denominados «Topos», quienes hacen uso sistemático de las guías de remisión de un grupo de mineros informales. «Es por esta razón, que la movilización terrestre del oro ilegalmente extraído es relativamente fácil, al ser intervenidos por algún agente PNP, los transportistas cuentan con los papeles que acreditan la extracción legal del oro.
«Según la normativa, el principal encargado de la fiscalización de estas guías de remisión es el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), ya que este tiene bajo su tutela el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). En principio, este registro fue creado con el propósito de encauzar la formalización de mineros informales; sin embargo, estas actas se han convertido en una herramienta útil para los mineros ilegales», concluye.
Operaciones sospechosas
Según el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), entre enero de 2015 y septiembre de 2025 se emitieron 5,747 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ligados a minería ilegal, cifra que coloca a esta actividad como la tercera con mayor número de alertas dentro del sistema financiero. «Sin embargo, por el monto involucrado, escala al segundo lugar: el valor total registrado solo es superado por los ROS relacionados al narcotráfico».
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), solo en la última década este delito habría movilizado alrededor de US$ 22,800 millones a través de operaciones financieras sospechosas asociadas a la extracción y comercialización ilícita de minerales.
“El 50% del oro que se extrae hoy en el Perú es de procedencia ilegal. Eso significa que no deja nada a los peruanos, que somos los verdaderos propietarios de ese recurso”, explica Gustavo de Vinatea, gerente general del IIMP.
