¡La apoteosis del desparpajo! Mientras la mesa de millones de peruanos se somete a la dictadura de la inflación para salvar la cena navideña y de Año Nuevo; en la plaza Bolívar, el espíritu festivo de los congresistas se mide en excedentes presupuestarios.
Diciembre de 2025 cierra con una bofetada al sentido común y la pobreza: mientras el país intenta recuperarse del gasto navideño, los reportes oficiales confirman que cada parlamentario se embolsó S/ 46 900, una cifra que no es fruto del mérito legislativo, sino de la pericia para saquear el erario con guante blanco.
Ese dinero en sus manos es la muestra que los peruanos elegimos mal. «A los que les gusta la plata hay que correrlos de la política, son un peligro», recomendó el uruguayo José ‘Pepe’ Mujica, el presidente más pobre del mundo.
Este ‘módico y humilde’ monto incluye un paquete completo de pagos por diciembre: sueldo mensual de S/ 15 600, gratificación de igual monto, S/ 11 000 por función congresal, S/ 2800 por semana de representación y una tarjeta electrónica navideña de S/ 1900 que reemplaza la tradicional canasta de fin de año.
Ese dinero en sus manos es la muestra que los peruanos elegimos mal. «A los que les gusta la plata hay que correrlos de la política, son un peligro», recomendó el uruguayo José ‘Pepe’ Mujica, el presidente más pobre del mundo.
Estos ‘justos’ incentivos ensancharon la sonrisa ‘de oreja a oreja’ a nuestros execrables parlamentarios, muchos de los cuales ni siquiera justifican su labor con un mínimo de productividad. Para ello, el arte no está en ganar dinero, sino en mantenerlo.
La suma individual de S/ 1900 por tarjeta (canasta) figura dentro de un desembolso total de alrededor de S/ 8 550 000 para la adquisición de 4500 membretes electrónicos destinados a congresistas y personal del Legislativo.
Así es: no conforme con los beneficios de ensueño, nuestros tan ‘amados’ padres de la patria se llevan una canasta muy superior al sueldo mínimo del peruano promedio.
Esta generosidad con dinero ajeno tiene una trayectoria aritmética envidiable. El valor de la tarjeta navideña pasó de S/ 1500, en 2020, a S/ 1900, en 2025.
Mientras la productividad del pleno se desploma y las leyes se dictan al ritmo de intereses particulares, su capacidad de autorrecompensa es la única política de Estado que funciona con precisión de reloj suizo.
Según datos del Directorio de Actividad Parlamentaria Peruana (Dapper), entre 2021 y 2025 se presentaron 11 495 proyectos de ley ante el Parlamento peruano, pero apenas 2866 (equivalente al 23 %) llegaron a convertirse en leyes promulgadas y publicadas en el diario oficial.
No es que no trabajen: producen iniciativas en serie; sin embargo, solo una de cada cuatro supera el umbral mínimo para existir jurídicamente, una cifra que sugiere que, más que legislar, muchos parecen trabajar para la finta.
El problema, entonces, no es la cantidad —que sobra—, sino la calidad, la cual se diluye entre comisiones hipertrofiadas, debates irrelevantes y una dinámica parlamentaria más preocupada por engordar estadísticas que por generar impacto real en la vida de los ciudadanos.
A este rendimiento anémico se suma un dato que incomoda porque desarma cualquier coartada: cada congresista opera con un ejército de asesores y asistentes financiados con recursos públicos, cuya función es dotar de solvencia técnica y sustento a la producción legislativa.
La teoría es impecable; el resultado, francamente decepcionante. Porque ni la abundancia de personal ni el costo de esa planilla se traducen en mejores leyes ni en mayor eficacia institucional.
Mientras la productividad del pleno se desploma y las leyes se dictan al ritmo de intereses particulares, su capacidad de autorrecompensa es la única política de Estado que funciona con precisión de reloj suizo.
Se cobra como si se produjera con excelencia, pero se legisla como si el incentivo central fuera simplemente pasar por caja.
La precariedad del resultado, por tanto, no es un accidente ni una suma de torpezas individuales: es estructural, sostenida por una maquinaria administrativa generosa consigo misma y notablemente indulgente con la mediocridad.
En el Parlamento, la austeridad es un discurso para la facha; la angurria, en cambio, es una práctica institucionalizada.
Congresistas: ¿y el sueldo mínimo?
Para poner en perspectiva esta cifra, conviene recordar que la Remuneración Mínima Vital en el Perú es de S/ 1025. Mientras un trabajador promedio se esfuerza por cubrir gastos básicos, cada congresista ha recibido más de 45 veces ese monto solo en diciembre.
Esta disparidad no es solo numérica; es simbólica. Alimenta la percepción de una clase política que se desconectó de la vida real hace rato y que hoy ostenta privilegios de monarca.
El escudo favorito de los beneficiarios será, previsiblemente, la legalidad. Se ampararán en la Ley N.º 28212 y en interpretaciones flácidas de reglamentaciones internas para barnizar de derecho, lo que éticamente es un asalto a la sensibilidad pública.
Pero que un cobro esté tipificado en un reglamento no lo exime de ser una obscenidad social. Manipular la norma para blindar bonificaciones que no guardan relación con un solo impacto social positivo no es legislar; es administrar una agencia de empleos de lujo con cargo al bolsillo de los peruanos.
Leer más: El mercado político peruano: cómo la democracia se devaluó hasta el precio del remate
Esta situación coincide con una observación del politólogo Francisco Durand, quien alertó que la desigualdad económica se mide también en legitimidad política: cuando quienes legislan están profundamente distantes de las condiciones de vida de la mayoría, se erosiona la confianza democrática.
En un sentido similar, el sociólogo Pierre Rosanvallon escribió que las instituciones se degradan cuando la estructura de incentivos favorece ventajas privadas por encima del bien común.
Nada más cierto: el Congreso cumple con notable descaro ambas premisas.
A pesar de que el número de congresistas disminuyó a 129, el desembolso total sigue superando los seis millones de soles que succionan como sanguijuelas del erario. El crítico político Iván García ha cuestionado esta lógica al afirmar que estos desembolsos representan un ‘festín en trineo’ por parte de un Congreso que no muestra apego a principios de austeridad, sino más bien una terrible desfachatez.
Al final, queda una certeza que quema más que los fuegos artificiales de Año Nuevo: mientras el país clama por equidad y justicia social, la clase política se despide brindando, con total desvergüenza, con un botín que nosotros pagamos. ¿Hasta cuándo seguiremos financiando el banquete de quienes han hecho de la indecencia su única política de Estado?
