La corrupción, definida por teóricos e instituciones como «el mal uso del cargo público con el fin de obtener ganancias privadas» y que en el ámbito político, “ha favorecido el crecimiento de la inestabilidad institucional y el persistente desgaste de las relaciones tanto entre individuos como entre instituciones y Estados”, afecta al 88 % de peruanos.
Así lo revela la decimotercera edición de la Encuesta Nacional de Percepciones de la Corrupción de Proética. El estudio concluye que, también, afectan al país: la inseguridad y la delincuencia, la falta de democracia, el consumo de drogas, el desempleo, la contaminación, el narcotráfico, la mala educación, la pobreza, la discriminación, la inflación y la salud pública inadecuada.
8 de cada 10 personas encuestadas afirman que la corrupción afecta directamente su vida diaria. El 88 % de peruanos y peruanas considera que la corrupción ha aumentado en los últimos cinco años, y el 81 % cree que se mantendrá igual o empeorará en los próximos cinco.
“Y si bien (los encuestados) advierten que las principales consecuencias están vinculadas al deterioro de la economía familiar, la falta de oportunidades para todos, así como en el declive de la economía del país y el aumento de la pobreza, la ciudadanía también identifica otros efectos críticos: el 42% considera que reduce su confianza en el Estado, en los políticos y en las autoridades y un 39% señala que afecta la calidad de servicios públicos esenciales, como salud y educación”, detalla el informe.
Según Proética, “este panorama refleja un golpe duro a la confianza institucional que puede vincularse con un debilitamiento de la democracia y con la garantía de los derechos”.
Las instituciones más corruptas
El estudio también revela que “el Congreso de la República se posiciona – nuevamente – como la institución percibida como más corrupta (85%). Le siguen: el Ministerio Público (35 %), el gobierno de Dina Boluarte (33 %), el Poder Judicial (33 %) y la Policía Nacional del Perú (27 %)”.
Los encuestados también señalan que son estas instituciones de las deben liderar lucha contra la corrupción. “El 45 % cree que quien debe liderar esa acción es el Congreso de la República, la Polícia (32 %) y el Gobierno (30 %); mientras tanto, instituciones clave para la integridad pública, como la Defensoría del Pueblo (17 %) y la Contraloría General de la República (14 %), reciben menor nivel de expectativa ciudadana.
El 94 % de los encuestados considera que la corrupción está directamente vinculada con las economías ilícitas (minería ilegal, tala ilegal, narcotráfico, etc.). El 41 % considera que estas actividades representan la única forma de empleo disponible en sus regiones.
“Esta percepción evidencia la compleja relación entre la falta de oportunidades, la informalidad y la expansión de actividades ilegales que se sostienen —y, a la vez, alimentan— mediante prácticas corruptas, generando tensiones entre legalidad, desarrollo y subsistencia”, señala el documento disponible en el portal de Proética.
