Una reciente encuesta nacional de Ipsos revela que la minería ilegal se ha consolidado como una de las principales preocupaciones de los peruanos: el 81 % de la población considera que esta actividad representa una amenaza directa para la seguridad nacional.
Solo el 15 % de los encuestados minimiza el peligro que implica la extracción ilícita de minerales, mientras que el 81 % exige que el actual Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) sea reemplazado por un sistema de control más eficaz.
Minería ilegal: opinión pública dividida sobre su avance
El estudio, realizado tras la masacre de 13 trabajadores mineros en Pataz, también revela matices en la percepción ciudadana sobre el futuro de la minería. El 43 % de los peruanos opina que la actividad minera debe continuar, pero con mayores medidas de seguridad, mientras que el 28 % considera que solo las empresas formales deberían seguir operando y que la minería informal debe suspenderse. Apenas un 26 % respalda la suspensión total de la minería en las zonas afectadas.
Responsables de la violencia en Pataz
La masacre en Pataz ha marcado un punto de quietud. Según Ipsos, el 47 % de los encuestados responsabiliza al gobierno nacional por los hechos, mientras que el 31 % señala a los mineros ilegales como principales responsables, seguidos por el Congreso (30 %) y las bandas criminales (29 %). La ciudadanía exige respuestas concretas y efectivas ante la escalada de violencia y criminalidad vinculada a la minería ilegal.
Medidas y reacciones tras la crisis
En respuesta a la presión social y la gravedad de los hechos, el gobierno revocó 1 425 inscripciones en el Reinfo en la provincia de Pataz, para evitar que este registro sirva de camuflaje a actividades ilícitas.
Además, se ha implementado un sistema piloto de trazabilidad del oro y de monitoreo de vehículos de carga, junto a la instalación de puestos de control en los accesos a la zona aurífera. Paralelamente, se prorrogó el estado de emergencia en Pataz y se suspendieron temporalmente todas las actividades mineras en los distritos más afectados.
La indignación ciudadana se ha traducido en protestas masivas. Este miércoles 14 de mayo, gremios de transportistas, docentes y organizaciones sociales acataron un paro nacional contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad.
En Trujillo, el Sutep La Libertad lideró una movilización para exigir mayor protección ante la ola de extorsiones que afecta incluso al sector educativo. La Universidad Nacional de Trujillo también anunció una marcha por la paz, sumándose al clamor por soluciones efectivas frente a la violencia.
La crisis de seguridad ha tenido repercusiones políticas inmediatas. La renuncia de Gustavo Adrianzén a la Presidencia del Consejo de Ministros, tras ser duramente cuestionada por minimizar el secuestro y asesinato de los mineros en Pataz, evidencia la presión que enfrenta el Ejecutivo para responder a la ola de inseguridad y crimen organizado.
