La semana pasada culminó con dos noticias de importancia en el ámbito político-judicial, dos expresidentes fueron condenados a penas privativas de libertad. Martín Vizcarra ha sido condenado a 14 años de prisión efectiva por el delito de cohecho (recibir coima) y Pedro Castillo a 11 años cinco meses por los delitos de conspiración para la rebelión (golpe de Estado).
Con estas condenas se eleva a cinco el número de expresidentes que han sido condenados por la comisión de algún delito. Así tenemos también a Alberto Fujimori, ya fallecido, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.
El Perú y sus expresidentes condenados
Mas allá del análisis jurídico de cada una de estas sentencias y sus fundamentos, de su idoneidad, corrección o pertinencia, de las voces a favor o en contra, es mejor dejar, por ahora, esa discusión para el ámbito académico.
Este artículo tiene una visión más bien positiva sobre estos hechos, un mirar el vaso medio lleno respecto al funcionamiento del sistema constitucional, el equilibrio de poderes, la sucesión presidencial, el desgobierno y la aplicación de la ley a aquellos funcionarios públicos que cometen delitos en el ejercicio de sus funciones o aprovechando la categoría de sus cargos.
Creo que son hechos inéditos en América Latina, un continente siempre ahogado en corrupción e impunidad, que cinco expresidentes hayan sido condenados por la comisión de delitos de toda índole, y el funcionamiento del país o su sistema gubernamental haya podido seguir funcionando, a tropezones, pero andando paso a paso, lo que ha permitido, para el asombro del mundo, que el sistema económico haya seguido funcionando, a pesar de tanto obstáculo.
Aunque han sido procesos largos y tediosos, más eficaces en algunos casos que en otros, la finalidad ha sido conseguida, demostrar a quienes quieren ejercer el cargo sus delitos no quedarán impunes y, al mundo, demostramos que, extrayendo los apasionamientos y críticas comunes, el sistema funciona y permite mantener cierto grado de gobernabilidad cuando unos de los engranajes fallan y eso se debe al equilibrio de poderes y el fundamento jurídico y democrático del mismo.
Nuestra Constitución ha implementado un sistema de sucesión gubernamental que permite mantener el funcionamiento del Estado y la sociedad en general, aún cuando una de las piezas claves es reemplazada mediante un procedimiento político, regulado por ella.
Ha establecido categóricamente la necesidad de mantener el régimen económico separado de los vaivenes políticos y de su manejo antojadizo, regulando su independencia, lo que ha permitido que la economía siga funcionando con alguno sobresaltos, como es lógico.
Es cierto que aquí entran a tallar otros factores como el dinero que se inyecta al mercado mediante el mercado informal y que, además, nuestra economía podría estar mejor, llegando los ingresos a más peruanos y de mejor manera; pero, a pesar de todo ello, aún seguimos caminando en este camino sinuoso que es nuestra vida política.
En conclusión, a pesar de todos los problemas que nos aquejan, a tientas, nuestro sistema constitucional ha permitido mantener el ritmo de vida de nuestro sistema gubernamental y económico, permitiendo, a pesar de tener cinco presidentes condenados judicialmente, que aún sigamos caminando en este inmenso valle de lágrimas llamado Perú.
Abogado constitucionalista
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