Robert De la Cruz Rosas —abogado, consejero regional y uno de los críticos más incómodos para Alianza para el Progreso (APP) en La Libertad— está a punto de enfrentar un juicio que podría sacarlo de carrera electoral rumbo a la Municipalidad Provincial de Trujillo.
Y no solo eso: también podría enviarlo a prisión por un presunto delito que dos veces fue archivado por la Fiscalía por falta de pruebas. Pero el caso volvió de los archivos. Y volvió con nombre propio.
Robert De la Cruz y el caso que lo puede llevar a prisión
La investigación nació en plena pandemia, en abril del 2020, cuando De la Cruz ocupaba el cargo de regidor durante la gestión del alcalde Daniel Marcelo Jacinto. La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) dispuso la ejecución de trabajos de limpieza y liberación de espacios en la zona de descarga del mercado La Hermelinda, uno de los principales focos de contagios de la covid-19.
La orden llevaba la firma del entonces alcalde Daniel Marcelo y venía avalada por varias gerencias: Salud, Asesoría Jurídica, Segat, Serenazgo y hasta apoyo del Ejército.
Es así que tras la publicación de varios Decretos de Alcaldía —Nº 17-2020-MPT, 20-2020-MPT, 25-2020-MPT— se retiraron las estructuras informales de varios puestos que ocupaban ilegalmente la zona destinada a la descarga de mercadería del citado centro de abastos.
Ese operativo terminó en una denuncia por usurpación agravada presentada por el comerciante Lizandro Ruiz de la Cruz y sus hijos. Lo curioso es que en la denuncia original, fechada el 1 de octubre de 2020, Robert de la Cruz no aparece como denunciado.
Cuando la Fiscalía —el caso lo llevaba por aquel entonces el fiscal David Delgado Silva— abrió diligencias preliminares, los propios denunciantes soltaron una confesión que habría sido suficiente para cerrar el caso.
Lizandro Ruiz, el mismo que inició la demanda, dijo: «Mis hijos tomaron posesión de los puestos, pero también extendieron su espacio hacia una zona de descarga que estaba vacía».
María del Rosario, su hija, fue más precisa: «Nos hemos extendido porque ese sitio estaba libre. Era zona de descarga».
Tras las revisión de los planos urbanos se confirmó que unos 48 metros cuadrados intervenidos por la municipalidad eran parte de la zona administrativa del mercado. Un área privada de la Asociación de Comerciantes del Complejo Autogestionario La Hermelinda.
Aun así, uno de los hijos del denunciante, identificado como Edgardo Ruiz, decidió señalar directamente a Robert De la Cruz como el responsable de la usurpación.
Su acusación la basa en una transmisión en vivo por la plataforma de Facebook que hizo una mujer desde el techo de un almacén, en la que no se distingue a los funcionarios municipales que participan del desalojo.
Fiscalía decide archivar el caso por falta de pruebas
La Fiscalía citó a esta mujer a declarar, sin embargo hizo caso omiso, evadiendo en todo momento rendir su manifestación por lo que nunca declaró ni participó en las investigaciones.
El fiscal Delgado Silva concluyó en diciembre de 2021 que no había usurpación pues los denunciantes ocuparon ilegalmente 48 metros cuadros que no les correspondían por tratarse de un espacio privado de la asociación del mercado, y que más bien los comerciantes aprovecharon para ampliar la edificación de sus estands A-68 y A75 en zonas indebidas.
Reabren el caso contra Robert De la Cruz por desalojo en La Hermelinda
El 31 de diciembre del 2021 —último día del año— la defensa de los denunciantes presentó un recurso de queja contra la decisión fiscal que archivó el caso. Ese recurso rebotó hasta la Cuarta Fiscalía Superior Penal, que cayó en manos del fiscal superior Carlos Raúl Valdivia. Él ordenó reabrir el caso, pese a que la ley exigía una motivación sólida y nuevas pruebas.
En mayo de 2022, el fiscal Delgado Silva —obligado por la orden superior— formalizó nuevamente la investigación e incluyó a Robert De la Cruz. Sin embargo, tras analizar los elementos probatorios, en noviembre de ese año volvió a solicitar el sobreseimiento, es decir, dispuso poner fin a la investigación porque no existía delito de usurpación.
Hasta que, en octubre del 2024, el juez Rosendo Pompeyo Vía Castillo declaró improcedente la solicitud de sobreseimiento y elevó el caso en consulta. Y otra vez, un fiscal superior devolvió el expediente y solicitó que se imponga pena de cárcel contra el actual consejero regional.
El Ministerio Público pide entre 6 y 8 años de cárcel por el delito de usurpación agravada.
De la Cruz insiste en que no dio ninguna orden —y de hecho no podía darla—, pues en el 2020 ejercía el cargo de regidor y los regidores no tienen funciones ejecutivas ni potestad de decidir en materia administrativa.
«Mi función como regidor solo era fiscalizar y eso hice. No di ninguna orden para demoler ni lideré el proceso. Solo acompañé en los operativos que ejecutó la municipalidad durante la pandemia porque esa era mi función», declaró a BuenaPepa.
Un consejero incómodo para APP
De la Cruz cobró notoriedad en la política regional denunciando irregularidades en obras que pesan sobre la gestión de César Acuña: el corredor vial de Huanchaco, el hospital de Virú, los contratos otorgados al consorcio vinculado a Lucero Coca Condori, el hospital Santa Isabel, compras presuntamente sobrevaloradas de patrulleros, motocicletas, equipamiento para comedores populares, entre otras.
Su rol fiscalizador lo puso en la mira de APP, asegura él. Y según su versión, ese es precisamente el punto de partida de la acusación que hoy lo sienta ante el Poder Judicial.
«Este proceso es una venganza política por denunciar la corrupción en el gobierno de César Acuña. Están instrumentalizando la justicia para sacarme de la carrera y hasta para quitarme la libertad”, sostiene Robert De la Cruz.
Esa es su tesis. Ahora la Justicia decidirá su suerte. Si es condenado, quedará sin libertad y fuera de carrera política.
Más noticias:
