En Los Ángeles, desde principios de junio han estallado protestas contra redadas migratorias llevadas a cabo por el ICE. Estas marchas, inicialmente pacíficas, se tornaron violentas cuando la policía —LAPD y agentes federales— respondieron con flash-bangs, gas lacrimógeno y municiones «menos letales».
Se registraron docenas de heridos, incluidos manifestantes y más de 30 periodistas atacados mientras cubrían los hechos. En uno de los casos más alarmantes, una mujer fue impactada a quemarropa con un proyectil de control de multitudes mientras caminaba cerca de su hogar, generando reproche nacional.
Estos eventos reflejan un problema creciente: el uso excesivo de fuerza por parte de las fuerzas del orden, que traslada el conflicto social de la protesta a una situación más peligrosa para civiles, periodistas y, por extensión, el tejido democrático.
El 10 de junio en Cali, una secuencia de tres atentados explosivos destrozó barrios urbanos, con víctimas civiles y policiales. El ataque se vincula a conmemoraciones de muertos en el conflicto y revela la persistencia de tácticas violentas en zonas urbanas inseguras.
En Bogotá, el 7 de junio el senador Miguel Uribe Turbay fue herido de gravedad en un evento político, un episodio que recuerda los peores momentos de la violencia electoral del pasado, fenómeno que actualmente continúa extendiéndose en varios países de la región y sobre el cual Aprosec ha venido alertando en diferentes artículos publicados este 2025.
En junio, en Colombia, además, se reportaron 24 atentados coordinados en zonas como Cauca y Valle del Cauca, con explosiones, secuestros y disparos atribuidos a disidencias de las FARC. Al menos siete personas fallecieron, incluyendo agentes y civiles.
La multiplicación y sofisticación de estos ataques sugiere un recrudecimiento del crimen organizado y la reaparición de tácticas terroristas urbanas, lo que agrava la sensación de inseguridad y la vulnerabilidad ciudadana en contextos cotidianos.
Vínculos entre violencia y seguridad preventiva
Un estudio del FMI y el BID revela una relación directa entre violencia urbana y pobreza, donde una de cada tres muertes violentas en la región disminuye 0.5 p. p. del PIB anual y crea un círculo persistente de criminalidad.
Este fenómeno exige medidas preventivas que no solo respondan al acto violento, sino también a sus raíces socioeconómicas.
Estrategias preventivas recomendadas
- Refuerzo del control en protestas y campañas electorales sin vulnerar derechos.
- Protección efectiva a periodistas y observadores civiles como garantes de transparencia comunicativa.
- Reforzamiento de inteligencia en zonas de alto riesgo (L.A., Cali), con coordinación interinstitucional y enfoque comunitario.
- Programas sociales destinados a jóvenes en riesgo, promoviendo inclusión educativa y laboral.
- Inversión en infraestructura de seguridad urbana, iluminación, cámaras y presencia policial comunitaria.
- Cooperación regional para desarticular redes armadas transnacionalmente.
Finalmente, el panorama de violencia y represión en EE. UU. y América Latina presenta nuevos desafíos: protestas criminalizadas con exceso de fuerza, una violencia política que renace en contextos electorales y el uso de violencia urbana extrema y que en Perú, el actual gobierno de Dina Boluarte, no está preparado para afrontar en medio de la peor crisis de seguridad ciudadana de la historia reciente.
El futuro de la seguridad ciudadana dependerá de la capacidad de los gobiernos para combinar prevención comunitaria, protección de derechos y justicia efectiva.
César Ortiz Anderson
Presidente de Aprosec Perú
