La Segunda Fiscalía Provincial Militar presentó recurso de apelación ante el Superior Militar del norte para revertir la decisión que absolvió al suboficial PNP Elvis Miranda Rojas, acusado de homicidio culposo por abatir a un presunto delincuente en Castilla (Piura) en enero de 2019.
El agente salió libre luego de que el tribunal encontrara insuficientes las pruebas presentadas por la acusación, una resolución que el Ministerio Público considera errónea y pretende corregir en instancia superior.
Caso Elvis Miranda: Fiscalía impugna fallo
La apelación se fundó en la omisión de testimonios clave de los testigos presenciales y en el supuesto incumplimiento de los protocolos de uso de la fuerza que reglamentan las intervenciones policiales.
El fiscal a cargo argumentó que las declaraciones de transeúntes y de peritos forenses no recibieron la valoración adecuada en la sentencia.
El Ministerio Público insiste en que el magistrado que presidió el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Piura no consideró el análisis de la trayectoria balística ni la constatación de las heridas que, según su criterio, evidencian un disparo fuera de los parámetros de defensa legítima.
En el escrito de apelación también se cuestiona la reparación civil fijada en veinte mil soles a favor de los deudos del fallecido, pues la Fiscalía solicitó un monto mayor al estimar los daños morales y materiales ocasionados.
El fiscal a cargo argumentó que las declaraciones de transeúntes y de peritos forenses no recibieron la valoración adecuada en la sentencia.
El recurso pide la nulidad de lo actuado y la reapertura de la etapa probatoria para incorporar nuevas pericias balísticas y reconstrucción de la escena.
El Superior Militar tendrá ahora un plazo de treinta días para pronunciarse sobre la procedencia del recurso y, de ser admitido, convocará a una audiencia de vista de la apelación.
Defensa resalta errores
El abogado José Ruiz, defensor del suboficial, recordó que el proceso originó varias correcciones ordenadas por el Poder Judicial, incluida la reformulación de la denuncia inicial por presentar al menos siete imprecisiones en la identificación de los hechos.
Según su versión, el expediente N.º 004-2019 careció de claridad al describir los movimientos del agente y la supuesta agresividad de la víctima, factor que influyó en la decisión absolutoria del tribunal de primera instancia.
El Superior Militar tendrá ahora un plazo de treinta días para pronunciarse sobre la procedencia del recurso y, de ser admitido, convocará a una audiencia de vista de la apelación.
El letrado aseguró que el fallo se sustentó en un estudio técnico de la PNP que ratificó el uso adecuado del arma reglamentaria y la inexistencia de indicios de excesivo empleo de la fuerza.
Sobre los peritos civiles, Ruiz indicó que sus conclusiones carecieron de rigor científico y se basaron en mediciones con equipo obsoleto.
La defensa solicita al Superior Militar mantener la absolución y reconocer que la actuación de Miranda Rojas se ajustó al protocolo policial vigente.
El abogado advirtió que un retroceso en la decisión podría sentar un precedente negativo para el uso de la fuerza legítima en la PNP.
Próxima resolución y expectativas
El tribunal militar superior analizará la apelación en una sesión que podría convocarse en las próximas semanas y que definirá si ratifica la absolución u ordena un nuevo juzgamiento.
En caso de revocación, el expediente retornaría al Quinto Juzgado Penal Unipersonal para reiniciar la etapa intermedia y admitir pruebas adicionales. Tanto la fiscalía como la defensa anticipan presentar peritos especializados en balística y reconstrucción de hechos, con el fin de fortalecer sus respectivos argumentos.
El Comité Nacional de Derechos Humanos solicitó al Ministerio de Justicia transparencia en el proceso y garantizó acompañamiento legal a los familiares de Juan Carlos Ramírez Chocán, el fallecido en el incidente.
La última palabra quedará a cargo del cuerpo colegiado del Tribunal Superior Militar Policial del Norte.
