Una nueva polémica ha reavivado debates sobre derechos y salud mental, tras la aprobación de un decreto supremo emitido por el Ministerio de Salud, que incluye la transexualidad, el travestismo y la identidad de género como enfermedades mentales dentro del último Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).
Esta decisión ha desencadenado preocupación entre activistas y algunas figuras políticas progresistas.
Transexualidad en debate: comunidad LGTBI responde
El documento, publicado el viernes 10 de mayo, generó una rápida respuesta por parte de diversas organizaciones defensoras de los derechos LGTBI, así como de legisladores comprometidos con la igualdad y la no discriminación.
Susana Chávez, directora de la ONG Promsex, expresó su alarma ante esta medida, señalando que «incorporar estas definiciones, que han sido totalmente proscritas en el campo de la salud y derechos humanos, acrecienta la desconfianza que ya hay en el Estado de respeto a las minorías sexuales».
El comunicado oficial del Ministerio de Salud, emitido dos días después en respuesta a las críticas, intentó disipar la controversia asegurando que la diversidad de género y sexual no son consideradas enfermedades ni trastornos.
Sin embargo, la inclusión de estas categorías en el PEAS ha encendido alarmas y generado dudas sobre el compromiso real del Estado peruano con los derechos y la salud integral de todas las personas.
En medio de este debate, voces políticas progresistas han alzado su voz en contra de la medida. La parlamentaria Susel Paredes manifestó su desacuerdo, señalando que esta inclusión «refuerza el estigma y discriminación hacia las personas trans».
Por su parte, la congresista independiente Flor Pablo calificó la norma como «inaudita» y «vergonzosa», solicitando públicamente la derogación inmediata del decreto.
Pablo además contextualizó esta decisión en un contexto político preocupante, donde fuerzas de izquierda y derecha, vinculadas a organizaciones religiosas fundamentalistas y homofóbicas, han convergido en medidas que amenazan los derechos y políticas públicas en favor de la diversidad y la igualdad.
Es importante destacar que este episodio no ocurre en un vacío político, sino en un contexto donde recientemente se han aprobado leyes que restringen el lenguaje inclusivo, limitan la educación sexual integral en las escuelas y buscan eliminar la paridad y alternancia en las próximas elecciones.
En este escenario, la reacción ante el decreto que patologiza la identidad de género y la transexualidad no solo es una defensa de los derechos LGTBI, sino también un llamado a preservar el compromiso democrático con la igualdad y la inclusión en Perú.
Para los colectivos en defensa de la comunidad LGTBQ, a derogación de esta medida se convierte en un imperativo ético y político para garantizar el respeto a la diversidad y la dignidad de todas las personas.
