El olor a azufre y pólvora quemada ha vuelto a las calles de Trujillo. Tras varias noches de calma, el descanso de los vecinos de la urbanización San Isidro se vio alterado, el lunes 8 de junio, tras la detonación de explosivos en una construcción residencial, en un terreno que pertenece al Ejército Peruano.
Cámaras de seguridad captaron a un sujeto como el autor del atentado: llegó en una motocicleta, arrojó un sobre manila (que contenía una carta con amenazas de muerte y el contacto para negociar el cupo extorsivo) y colocó cartuchos de dinamita que detonaron a los pocos segundos.
El uso de artefactos explosivos como dinamita y emulsiones caseras se ha vuelto tan común que, en lo que va de 2026, el paisaje urbano de esta provincia norteña se narra a través de fachadas astilladas, veredas cubiertas de vidrios molidos y el sordo silencio del miedo. Según reportes de la Policía, en los primeros tres meses del año se registraron, al menos, 40 atentados con explosivos.
En los antecedentes de este serio problema social, que no fue abordado desde una mirada técnica y realista por los candidatos que pugnan por el sillón de Pizarro, están el caso de una humilde vivienda familiar en El Porvenir, al día siguiente un conocido local de eventos como ‘La Hacienda de Lobo’ en la avenida Santa, y al otro, un puesto en el Mercado Mayorista Palermo, donde un cartucho de dinamita fue abandonado dentro de una bolsa de regalo, camuflado entre el bullicio de los comerciantes.
La ruta informal del estallido
Detrás de cada detonación hay una cadena logística que las autoridades apenas logran rastrear. Las investigaciones fiscales apuntan a que los insumos ya no provienen únicamente de granadas militares desviadas, sino de una peligrosa simbiosis con la minería ilegal: cartuchos de dinamita de procedencia extranjera (principalmente contrabando de Brasil) y mezclas caseras sumamente inestables de nitrato de amonio agrícola con diésel (ANFO); técnicas de demolición extraídas directamente de los socavones de zonas en conflicto minero, como Pataz, trasladadas al asfalto urbano; adolescentes reclutados por las mafias.
Solo en los primeros ocho meses de 2025, se reportaron 132 atentados con explosivos en la ciudad. «Todos hemos estado con el corazón en la garganta», comentaba un vecino tras salvarse de milagro en un reciente ataque en el distrito de Víctor Larco.
Acciones insuficientes
Tras el atentado que se registró en San Isidro, la Policía actuó de inmediato. Agentes del Escuadrón de Drones, la Unidad de Emergencia UNEME Trujillo – Grupo Halcones logró la detención en flagrancia de César Alejandro Ramírez Rubio, sindicado como presunto responsable del delito de extorsión.
El operativo se desarrolló al promediar las once de la noche, del lunes, 8 de junio. Tras una persecución a balazos, por inmediaciones de la avenida Mansiche, el presunto autor del atentado fue detenido a la altura del ingreso a la carretera a Huanchaco.
Desde el aire, los drones brindaron vigilancia aérea en tiempo real, permitiendo ubicar y seguir los movimientos del sospechoso antes de la intervención. Según la Policía, el sujeto habría actuado en perjuicio de una construcción habiendo colocado previamente un artefacto explosivo en la avenida Metropolitana como método de presión.
Sin embargo, la efectividad de la Policía se ve rebasada por lo común que se ha vuelto el usos de dinamita y emulsiones caseras; y por el temor de las víctimas a colaborar con las denuncias e investigaciones.
