En Trujillo, la justicia parece tener un precio que se mide en caballos de fuerza y apellidos con suerte. La noche del domingo 3 de mayo, la urbanización Las Palmas de El Golf no solo fue testigo de un atropello vehicular, sino del quiebre de la esperanza para una familia trabajadora. Juan Martínez Torres, un vigilante de 54 años que cumplía con su jornada en el turno noche, terminó aplastado contra una pared por una camioneta Mercedes-Benz de placa CTB-527.
Al volante iba Maricsa Polet Alfaro Cerna, una mujer de 32 años que manejaba en estado de ebriedad. El dosaje etílico arrojó 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces el límite permitido.
Por si fuera poco, la mujer conducía con el brevete vencido desde 2022 y arrastra antecedentes por accidentes de tránsito. Sin embargo, el Ministerio Público decidió que la «comparecencia con restricciones» era suficiente para alguien que convirtió un vehículo de lujo en un arma letal.
Trujillo: ¿Por qué la Fiscalía no pidió prisión preventiva para Maricsa Alfaro Cerna?
La indignación en las redes sociales y las calles de Trujillo no es gratuita. ¿Cómo es posible que una persona en flagrancia, ebria y sin documentos vigentes no reciba prisión preventiva? La respuesta recae sobre el fiscal John Richard Tarazona Grandez, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad, quien optó por un proceso inmediato con reglas de conducta suaves: no salir de la ciudad, firmar cada diez días y una caución de S/ 10,000.
«El Ministerio Público presentó elementos de convicción derivados de una intervención en flagrancia, lo que permite simplificar las etapas procesales ante la evidencia del hecho delictivo, la suficiencia probatoria: La fiscalía cuenta con los elementos necesarios para formular una acusación directa, logrando que el Juez ordene la presentación del requerimiento acusatorio en un plazo perentorio de 24 horas», justificó la Fiscalía en una nota de prensa enviada a los medios de comunicación.
Mientras tanto, en una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén, Juan Martínez Torres libra su propia batalla. Está conectado a un respirador mecánico, inconsciente y con un diagnóstico crítico.
Para la familia de la víctima solo hay dolor al enterarse que la responsable de su desgracia salió libre. «Es una burla lo que ha hecho la justicia», dijeron.
Accidente en Trujillo: la PNP y una decisión de escándalo
El caso ya venía ensuciado con irregularidades desde el primer momento. El informe policial inicial consignó que la víctima había sufrido una «caída» y no un atropello vehicular. Tuvo que aparecer el video de una cámara de seguridad —crudo e indiscutible— para desmentir la versión de la PNP y obligar a la rotación a otra área de los agentes involucrados por falta «de profesionalismo».
«“Los policías han actuado con falta de profesionalismo. El comisario de manera presencial ha verificado el diagnóstico real de la víctima y es un accidente. Consecuentemente, la medida que adopta el general jefe de Región es comunicar e iniciarles una investigación ante el órgano de control y generar su cambio a otra unidad por falta de profesionalismo«, declaró el general Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial La Libertad.
En la audiencia, Maricsa Alfaro se quebró. Entre lágrimas, aseguró que no descansará hasta que la víctima de su irresponsabilidad «se encuentren bien».
La familia de Juan Martínez anunció que no aceptarán acuerdos extrajudiciales. «Justicia es lo único que pedimos», claman desde las afueras del hospital.
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