La explosión de la avenida Perú en Trujillo no fue un acto delincuencial común. El atentado del 14 de agosto —con dinamita detonada por criminales— dejó un saldo de 10 heridos y 25 viviendas destruidas, lo que evidencia el avance del terrorismo urbano en La Libertad.
La escalada de violencia es tan alta en la capital de La Libertad que las autoridades proponen dos caminos divergentes: el gobernador regional César Acuña exige declarar estado de sitio, mientras el alcalde Mario Reyna aboga por un régimen jurídico especial con jueces anónimos y procesos expeditos.
La disyuntiva está servida: ¿intervención militar o reforma judicial?
Un sistema judicial blindado
El burgomaestre trujillano descarta más estados de emergencia o refuerzos policiales cosméticos.
«Aquí no se trata de pensar en más estados de emergencia o traer más policías, porque básicamente será lo mismo», advierte.
Su propuesta apunta a reformar el sistema judicial mediante tres ejes:
- Protección integral para fiscales y jueces, hoy amenazados por redes criminales.
- Reinstauración de jueces sin rostro, figura clave en la lucha antiterrorista de los 90.
- Procesos judiciales exprés para evitar la impunidad por dilaciones procesales.
«Los jueces y fiscales también son seres humanos con familias. Si no les garantizamos seguridad, seguirán postergando audiencias por miedo», sostiene Reyna.
Estado de sitio: ¿estrategia efectiva o medida populista?
En la otra orilla, el gobernador Acuña Peralta presiona por decretar estado de sitio, lo que permitiría:
- Militarización de las calles
- Detenciones sin orden judicial
- Restricción de garantías constitucionales
Sin embargo, analistas señalan que esta fórmula —usada recurrentemente en el VRAEM y zonas cocaleras— no ha reducido estructuralmente la criminalidad.
El propio ministro del Interior, Carlos Morán, admite que la medida requiere «análisis técnico», en clara alusión a sus riesgos:
✓ Posibles excesos de fuerza
✓ Criminalización de protestas sociales
✓ Efecto rebote al levantar la medida
Dilema en Trujillo
Mientras el debate sigue, tres datos son irrefutables:
- Las bandas criminales operan con logística militar (dinamita, armas de guerra).
- El sistema judicial colapsa por corrupción y amenazas.
- La población exige resultados inmediatos, no diagnósticos.
«Aquí no se trata de pensar en más estados de emergencia o traer más policías, porque básicamente será lo mismo», advierte el alcalde.
El alcalde Reyna lo resume con crudeza: «No permitiremos que unos pillos sigan humillando a una ciudad trabajadora».
Pero la pregunta persiste: ¿bastará con leyes especiales o Trujillo necesita soldados en sus esquinas? La respuesta definirá no solo el futuro de La Libertad, sino el modelo de lucha anticriminal en el Perú.
