Trujillo, por estos días, atraviesa un clima de miedo por la ola delictiva impulsada por ataques con dinamita y sicariato, pero hay otro miedo que transita en silenció y se romantiza porque usa las máscaras de la inocencia y la necesidad: realidades de infantes, quienes deberían disfrutar su niñez, pero contrario a ello, subsisten de cada céntimo en las pistas, rincones y veredas.
Según datos del Gobierno Regional de La Libertad, en la provincia de Trujillo, el 13.9% de la población urbana menor de edad se encuentra en situación de trabajo infantil. A nivel de toda la región La Libertad, la tasa asciende al 17.2 % de los menores entre 5 y 17 años, lo que equivale a más de 90,000 niños, niñas y adolescentes.
La subgerencia de Derechos Humanos de la Municipalidad Provincial de Trujillo identificó cuatro casos de trabajo infantil en un operativo realizado en La Hermelinda, alrededores del Real Plaza y la avenida Federico Villareal. Varios menores de edad se cohibían de asistir a clases por problemas económicos o situaciones de vulnerabilidad social.
Un caso icónico ocurrió en abril de 2024: la Primera Fiscalía de Prevención del Delito realizó un operativo en el sector Villa Marina, en Alto Salaverry, con participación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), la Policía Nacional y la municipalidad distrital, para detectar casos de explotación laboral infantil y trabajos de riesgo. En el proceso se encontró a un adolescente laborando en un puesto de comida en horario nocturno; tras verificar su situación, fue entregado a su familia y las autoridades priorizaron su formación educativa y regularizar sus actividades laborales permitidas legalmente, siempre que no afecte su integridad.
Según Sunafil, entre 2023 y 2024 se realizaron 1 445 inspecciones para detectar trabajo infantil y trabajo adolescente peligroso en el país, siendo La Libertad una de las regiones con mayor número de intervenciones.
En Trujillo, la legislación contempla penas de hasta 12 años de prisión para quienes utilicen a menores en actividades que atenten contra su integridad o vulneren sus derechos fundamentales, una medida que busca combatir una problemática que puede estar vinculada incluso a redes de trata de personas y trabajo forzoso.
Sin embargo, los operativos recientes demuestran que la respuesta no puede limitarse a intervenciones aisladas: especialistas y organismos públicos coinciden en que la erradicación del trabajo infantil requiere fortalecer la fiscalización, ampliar el acceso a educación, salud y protección social, y garantizar que ninguna condición económica obligue a un niño o adolescente a sustituir las aulas por las calles o los mercados como espacio de trabajo.
Erradicar el trabajo infantil se requiere de un trabajo arduo de fortalecimiento a la fiscalización y mejoras tanto en la educación como en la protección social, sobre todo, garantizar que ninguna condición económica obligue a un niño o adolescente a sustituir su infancia, por una vida en las calles.
Por: Camila Rodríguez Toledo
