Un factor muy importante para el control de la seguridad ciudadana son nuestras prisiones. La situación de las cárceles es un termómetro de la seguridad ciudadana de una sociedad. En nuestro caso, la fuga de un interno de nacionalidad venezolana del penal de Lurigancho contribuye aún más a la inestabilidad política tras la consecuente renuncia del jefe del INPE.
La problemática de la inseguridad ciudadana hay que verla de una manera holística. El Estado tiene cuatro importantes instituciones para enfrentar la crisis de inseguridad ciudadana que vive el país.
La primera es nuestra Policía Nacional, carente de los recursos apropiados para enfrentar adecuadamente a la criminalidad. Falta un compromiso serio del más alto nivel de este gobierno.
En mi opinión, Dina Boluarte no tiene voluntad política para sentar las bases, trabajando un política de Estado antidelitos, quedará un ítem pendiente ya que en este momento no se puede iniciar una profunda reforma estructural, con un firme liderazgo y con la visión de un trabajo integral y articulado. Se debe entender que no solo se trata de cantidad, lo más importante es la calidad profesional y moral de los policías.
Se tiene que trabajar de manera articulada con la Justicia, Fiscalía, Poder Judicial y el INPE —las otras tres instituciones que junto a la Policía deben enfrentar la inseguridad ciudadana—,lamentablemente estas instituciones también están atravesando por un problema de corrupción y de no contar con un personal idóneo.
San Juan de Lurigancho: el rostro de la crisis penitenciaria en el Perú
Enclavado en el distrito más poblado del Perú, el penal de San Juan de Lurigancho es mucho más que una cárcel: es el espejo de una profunda crisis del sistema penitenciario nacional. Considerado una de las prisiones más hacinadas de América Latina, alberga a miles de internos en condiciones que rayan en la deshumanización, mientras la corrupción, el crimen organizado y el deterioro de la salud mental tejen un panorama alarmante que afecta no solo a los internos, sino a toda la seguridad ciudadana del país.
Construido en 1967 para una capacidad aproximada de 2 500 personas, el penal de San Juan de Lurigancho (SJL) actualmente alberga a más de 10 000 internos, según cifras del INPE actualizadas al año 2024.
Enclavado en el distrito más poblado del Perú, el penal de San Juan de Lurigancho es mucho más que una cárcel: es el espejo de una profunda crisis del sistema penitenciario nacional.
Esto significa que su población supera en más de cuatro veces su capacidad original. Este hacinamiento convierte a SJL en uno de los penales más sobrepoblados de América Latina, junto con otras cárceles como Puente Grande en México o el complejo penitenciario de Uribana en Venezuela.
El desborde de la población carcelaria se debe, entre otros factores, a un sistema judicial lento, con un alto número de presos sin sentencia (más del 35 %), el uso excesivo de la prisión preventiva y la falta de infraestructura para nuevas cárceles.
Corrupción estructural
En los últimos años, diversos informes de la Defensoría del Pueblo, así como investigaciones periodísticas, han revelado cómo el penal de SJL ha sido infiltrado por redes de corrupción. El tráfico de celulares, drogas, armas blancas, y hasta la instalación de antenas clandestinas para estafas telefónicas han convertido a este penal en un centro operativo del crimen organizado.
Construido en 1967 para una capacidad aproximada de 2 500 personas, el penal de San Juan de Lurigancho (SJL) actualmente alberga a más de 10 000 internos, según cifras del INPE actualizadas al 2024.
En 2022, una intervención conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio Público descubrió que más de 300 celulares eran usados para cometer extorsiones desde dentro del penal. Algunos pabellones son controlados por bandas que imponen cupos a los internos y cobran por acceso a celdas más amplias, agua potable, medicamentos o protección.
La corrupción alcanza incluso a algunos funcionarios del INPE, que han sido denunciados por recibir sobornos para facilitar ingresos de objetos prohibidos o manipular traslados.
Purgar condena en San Juan de Lurigancho es enfrentarse a condiciones de hacinamiento extremo. En algunas celdas duermen hasta 10 personas, muchos en el suelo, sin colchones, con acceso limitado a agua y con servicios higiénicos colapsados. La alimentación es deficiente y, en muchos casos, las familias deben asumir el costo de la manutención del interno, enviando alimentos o pagando a terceros para su preparación.
La violencia entre internos, las enfermedades contagiosas como la tuberculosis, el VIH o las infecciones gastrointestinales, y el consumo de drogas como pasta básica de cocaína, son parte del día a día. Las visitas familiares, aunque fundamentales para la salud emocional de los presos, se ven limitadas por la falta de espacios dignos y seguridad.
Purgar condena en San Juan de Lurigancho es enfrentarse a condiciones de hacinamiento extremo. En algunas celdas duermen hasta 10 personas, muchos en el suelo, sin colchones, con acceso limitado a agua y con servicios higiénicos colapsados.
Crisis de salud mental
Uno de los aspectos más alarmantes es la salud mental de los internos. Según el Ministerio de Salud y el INPE, cerca del 40 % de los internos presenta síntomas de trastornos mentales, como depresión, ansiedad o esquizofrenia; pero el penal solo cuenta con un número reducido de psicólogos y psiquiatras. Los programas de atención mental son insuficientes y el encierro en condiciones inhumanas agrava los cuadros clínicos.
El aislamiento, la violencia constante, la falta de perspectiva de vida y el abandono familiar generan un deterioro psicológico profundo que impacta directamente en la capacidad de reinserción social del interno.
¿Rehabilitación o fábrica de reincidencia?
Una de las preguntas más urgentes que plantea la situación del penal de San Juan de Lurigancho es si realmente el sistema carcelario peruano cumple una función rehabilitadora. La respuesta, en la mayoría de los casos, es negativa.
Los programas de trabajo, estudio o reinserción existen, pero están sobredemandados y carecen de recursos. La mayoría de internos no accede a oportunidades de formación o empleo dentro del penal. Al salir, enfrentan el estigma, la falta de apoyo estatal y escasas posibilidades de reintegrarse a la sociedad, lo que favorece altos índices de reincidencia.
El penal de San Juan de Lurigancho no es una isla. Es un termómetro que refleja las fallas del sistema de justicia, la debilidad del Estado frente a la corrupción y la falta de políticas serias de seguridad ciudadana. Su estado actual alimenta el crimen organizado, socava la rehabilitación de los reos y pone en riesgo a la sociedad entera.
En el contexto de cara a las elecciones 2026 y el creciente dominio del crimen organizado en sectores del país, urge una reforma penitenciaria profunda, que garantice no solo el control y la seguridad, sino el respeto por los derechos humanos y la construcción de verdaderos caminos de reinserción.
Una sociedad segura no se construye con cárceles desbordadas, sino con justicia, prevención y dignidad. San Juan de Lurigancho es el clamor de una urgencia que no puede esperar más.
Finalmente, este artículo pone el dedo en la llaga cuando tocamos a nuestro sistema carcelario, que en mi opinión es una bomba de tiempo.
Por César Ortiz Anderson
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