La población venezolana en los penales del Perú ha experimentado un incremento sin precedentes, multiplicándose 85 veces en los últimos siete años, según datos de la Unidad de Estadística del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
En enero de 2018, se registraban solo 48 internos venezolanos, mientras que en mayo de 2025 la cifra alcanzó los 4,106, consolidándolos como la mayoría de los extranjeros privados de libertad en el país.
Este aumento, que comenzó a notarse a mediados de 2018 y se intensificó desde el segundo semestre de 2020, ha transformado el panorama de la población penitenciaria extranjera, que pasó de 1,618 internos en 2018 a 5,530 en mayo de 2025. Los venezolanos representan el 74% de este grupo, seguidos por colombianos (798), ecuatorianos (465) y otras nacionalidades (161), que han disminuido desde los 990 registrados en 2018.
El crecimiento coincide con la masiva migración venezolana al Perú, que supera el millón y medio de personas, según Migraciones. Sin embargo, el hacinamiento en penales como Lurigancho, con 9,033 internos frente a una capacidad de 3,204, agrava la situación. Algunos centros reportan hasta un 500% de sobrecupo, lo que genera serios problemas de gestión y seguridad penitenciaria.
El Ministro de Justicia confirmó que el Perú no recibirá extraditados ni procesados extranjeros, lo que complica aún más el control del sistema carcelario. Entre los internos venezolanos destacan casos vinculados a delitos como robo agravado, tráfico de drogas y actividades relacionadas con organizaciones como el Tren de Aragua, lo que ha reavivado el debate sobre migración y delincuencia.
Las autoridades penitenciarias han implementado medidas como jornadas de regularización migratoria, videollamadas para extranjeros y programas educativos, pero el aumento sostenido de internos venezolanos plantea desafíos significativos para el sistema penitenciario peruano.
Por Lucero Pérez Portales
