Estoy seguro de que el amable lector, se preguntará, qué es este “derecho al recuerdo” y para qué sirve, y qué tiene que ver con la tragedia del Real Plaza de Trujillo.
En el Perú, esta facultad involucra, de modo indirecto, al derecho fundamental a la vida y a la integridad física (artículo 2, inciso 1 de la Constitución), así como el deber del Estado y de privados de garantizar la seguridad de las personas, bajo cualquier circunstancia que ponga en peligro su vida y su salud.
En el caso que nos ocupa —la desgracia del Real Plaza Trujillo—, la falta de mantenimiento adecuado y la omisión de inspecciones efectivas por parte de la propia empresa y la misma Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) podrían implicar una vulneración de estos derechos.
Además, de una posible responsabilidad extracontractual de la empresa privada Real Plaza y de la propia MPT por acción u omisión.
La falta de mantenimiento adecuado y la omisión de inspecciones efectivas por parte de la propia empresa y la misma Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) podrían implicar una vulneración de estos derechos.
El derecho al recuerdo —conocido en otras latitudes como el derecho a la memoria y reconocido en el derecho internacional— busca garantizar que las sociedades accedan, preserven y conmemoren información sobre violaciones de derechos para promover la verdad, la justicia y que esto no se repita.
Pero ¿y en el contexto peruano?, ¿cómo se aplicaría?, más aún si este derecho ha sido relevante en casos de violencia política, según lo señala el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que documentó violaciones durante el conflicto armado interno.
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El derecho al recuerdo, implica obligaciones estatales de investigar, sancionar y reparar, así como garantizar el acceso a archivos históricos y la dignificación de las víctimas.
Por ejemplo, en el caso del Real Plaza Trujillo, el derecho al recuerdo podría aplicarse en la medida en que las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer las causas del colapso, las responsabilidades involucradas y las acciones de reparación.
La falta, hasta la fecha, de respuestas claras por parte de la fiscalía podría interpretarse como una forma de silenciamiento que obstaculiza esta facultad de naturaleza constitucional.
En ese sentido, habrá derecho al recuerdo, como obligación del Estado, cuando no solo se investigue; sino, también, se difunda la verdad y se adopten medidas de no repetición, como reformas en la fiscalización de infraestructuras.
Pero ¿es posible vincularlo este derecho con el caso de la tragedia del Real Plaza Trujillo?
Aunque el derecho al recuerdo está relacionado con un conflicto armado, comparte elementos en común como la necesidad de verdad, justicia y reparación para las víctimas.
La falta, hasta la fecha, de respuestas claras por parte de la fiscalía podría interpretarse como una forma de silenciamiento que obstaculiza esta facultad de naturaleza constitucional.
Mientras que el derecho a la memoria suele aplicarse a violaciones sistemáticas de derechos humanos, el colapso del techo en el centro comercial Real Plaza en Trujillo refleja una posible negligencia estructural que vulneró derechos fundamentales (la vida, el cuerpo, la salud de las personas), lo que justifica la aplicación de principios similares.
Sin embargo, la falta de avances en las investigaciones por parte del Ministerio Público y la opacidad en la rendición de cuentas contrastan con los estándares del derecho a la memoria, que exige celeridad y transparencia pública de los hechos suscitados.
La sociedad liberteña merece saber por qué fallaron los controles y quiénes son responsables, para evitar la repetición de tragedias similares, más aún cuando, los hechos son recientes, y la sociedad tiene derecho a conocer las responsabilidades detrás de una tragedia evitable.
En el caso Real Plaza Trujillo, la información sobre las víctimas, los responsables y las causas del colapso tienen una clara relevancia pública, dado que involucra la seguridad ciudadana y la responsabilidad de actores privados y estatales.
El derecho al recuerdo debe prevalecer para garantizar que la verdad no sea silenciada, ni comprada, ni olvidada.
El Estado, la sociedad en general, están en la obligación de actuar con responsabilidad y consecuencia, promoviendo la transparencia sin revictimizar a los afectados ni caer en los intereses del propio centro comercial.
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Esta tragedia debe ser un punto de inflexión para fortalecer la fiscalización, tomar conciencia y proteger los derechos fundamentales
Por otro lado, las víctimas y sus familias podrían invocar el derecho al recuerdo o derecho a la memoria, en aras de garantizar la verdad, la justicia y la reparación oportuna a quienes sufrieron este execrable atentado.
Una opinión de Mirko Maldonado-Meléndez.
