Para los pequeños mineros y mineros artesanales que buscan formalizarse, el problema no termina cuando extraen el mineral. El siguiente obstáculo aparece frente a la ventanilla de un banco: demostrar de dónde salió el oro y cuál fue su recorrido hasta convertirse en dinero.
Dante Vera, especialista de V&C Analistas, sostuvo que el debate ha colocado en el mismo grupo a la minería ilegal y a la pequeña minería y minería artesanal (MAPE) que intenta incorporarse a la formalidad. Sin embargo, señaló que la diferencia no se resolverá únicamente con un cambio de discurso, sino con mecanismos capaces de acreditar el origen del mineral.
La falta de esa información genera un círculo difícil de romper. El pequeño productor no puede bancarizar con facilidad sus ingresos; al mismo tiempo, queda más expuesto a manejar efectivo, una situación que puede aumentar el riesgo de robos y asaltos, según el reportaje revisado.
¿Por qué los bancos piden demostrar el origen del oro?
Las entidades financieras necesitan conocer el origen del dinero y del mineral con el que operan. Un estudio del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible sobre el financiamiento y el acceso de la pequeña minería a la banca formal concluyó que los bancos requieren garantías para establecer que los recursos tienen procedencia lícita.
En ese escenario, la trazabilidad aparece como una pieza clave. El concepto implica registrar el camino del oro desde su extracción hasta su llegada al mercado, con información sobre los actores que intervienen en cada etapa.
Vera planteó crear un sistema nacional, digital e interoperable que identifique al minero que extrae el mineral y también a los acopiadores, comerciantes, transportistas, plantas de procesamiento y empresas exportadoras. El objetivo sería responder preguntas básicas, pero decisivas: dónde se produjo el oro, quién lo compró, quién lo trasladó, dónde fue procesado y quién lo exportó.
“Todos tienen que garantizar qué oro están manejando”, sostuvo el especialista.
Según el Ministerio de Energía y Minas y de la Aduana, en 2025 se registró una producción de aproximadamente 109 toneladas de oro, mientras que las exportaciones habrían alcanzado 209 toneladas.
Tres medidas para cerrar los espacios de informalidad
El especialista propone que la trazabilidad se convierta en una política pública y no en una exigencia aislada para el productor que se encuentra en el primer eslabón de la cadena.
1. Seguir el oro desde el socavón
- El sistema debería utilizar herramientas digitales y mecanismos de identificación que registren el recorrido del mineral. También tendría que incorporar laboratorios capaces de determinar el peso, la ley y la humedad del material extraído.
- Con esos datos se podría establecer el valor del mineral desde el inicio de la cadena y reducir la posibilidad de abusos contra los pequeños productores por parte de compradores o acopiadores. La responsabilidad, bajo esta propuesta, alcanzaría a todos los actores, desde el extractor hasta el exportador.
2. Bancarizar toda la cadena productiva
- La segunda medida consiste en utilizar el sistema financiero para las operaciones vinculadas con la producción de oro. Esto incluye la contratación de trabajadores, la compra de maquinaria, la adquisición de explosivos y otros insumos, así como el pago a proveedores de bienes y servicios.
- Según Vera, una bancarización amplia permitiría dejar registros de las transacciones y cerrar espacios al contrabando de insumos químicos fiscalizados y mercurio que ingresan ilegalmente al país.
3. Proteger a los trabajadores
- La tercera línea está relacionada con las condiciones laborales. La propuesta incluye garantizar derechos laborales, seguridad en el trabajo, acceso al seguro social y el pago de remuneraciones mediante operaciones bancarias.
- La formalización, desde esta perspectiva, no se limitaría a inscribir una actividad o registrar un yacimiento. También tendría que reflejarse en la vida de quienes trabajan dentro de la mina, con protección frente a accidentes y acceso a derechos básicos.
El debate no termina en el Reinfo
Vera consideró que la discusión no debería concentrarse únicamente en la continuidad o eliminación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Según su evaluación, ese registro no habría logrado diferenciar de manera adecuada entre minería ilegal y minería informal en proceso de formalización.
La salida, sostuvo, pasa por controlar la cadena completa. Eso permitiría que el sistema financiero reciba información verificable, que el Estado identifique a los responsables de cada operación y que los pequeños mineros que cumplen con las reglas no sean tratados automáticamente como parte de la minería ilegal.
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