Un video que circula en redes sociales ha desatado una nueva tormenta en la Policía Nacional del Perú (PNP): un capitán fue captado mientras dormica con la hermana de un presunto delincuente, liberado tras, un presunto favor sexual. ¿Es un caso aislado o la punta del iceberg de una crisis disciplinaria más profunda?
El incidente, ocurrió en la provincia de Virú (La Libertad); no solo pone en jaque la imagen de la institución, sino que resalta un patrón alarmante de inconducta funcional que ha llevado a la remoción o investigación de cientos de agentes en lo que va del año.
Este fenómeno es una de las zaranos de por qué la confianza en la PNP llega al 14,2% al primer semestre de 2025, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El índice más bajo en 12 años.
¿Placer o deber?
El escándalo estalló la semana pasada cuando imágenes íntimas del capitán Randall Jhonattan Quispe Cárdenas (36), comisario del distrito de Chao, comenzaron a viralizarse. En ellas, se le ve acostado junto a una mujer extranjera, identificada como la hermana de Andrés Gabriel Villarroel Ruiz, un sujeto quien fue detenido el 24 de octubre por un delito común y liberado poco después.
Ante la indignación pública, el general PNP Guillermo Llerena, jefe de la III Macro Región Policial Norte, actuó con rapidez. «Uno es responsable de sus actos. Lo dije desde un inicio de mi gestión, a nadie se le va a apañar y toda aquella persona que crucé la línea, nosotros mismos lo vamos a denunciar. Pero hay que respetar el debido proceso», declaró Llerena en un comunicado oficial.
Inmediatamente, Quispe fue removido de su cargo y trasladado a Trujillo para facilitar la investigación administrativa a cargo de Inspectoría General de la PNP. Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial sobre sanciones definitivas, pero el caso ya deriva en posibles imputaciones por abuso de autoridad o colusión con delincuentes.
Reputación en caída libre
Según datos de la Inspectoría, entre enero y agosto de este año, 993 efectivos fueron detenidos por presuntos delitos; mientras que 1 382 denuncias formales están en curso, tanto administrativas como penales.
El Ministerio del Interior reporta un promedio de siete quejas diarias contra la Policía en el primer trimestre del año: por negligencia (407 casos) y abuso de autoridad (173), como las faltas más recurrentes.
En solo dos meses (enero-febrero), se acumularon 698 denuncias, equivalentes a una cada 105 minutos. La Contraloría General de la República, en su Índice de Riesgo de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2024, posicionó a la PNP de Lima en el primer lugar con un 94% de riesgo, superando a otras entidades públicas.
Estos casos subrayan un contexto de descomposición institucional, agravado por la emergencia declarada en la PNP en proyectos de ley como el N°10189/2024-CR, que busca reorganizar la fuerza para combatir la corrupción interna. Expertos coinciden en que, sin reformas profundas, la inconducta funcional continuará erosionando la efectividad de la policía en la lucha contra la delincuencia común y organizada.
La sociedad peruana exige transparencia y sanciones ejemplares. Mientras tanto, investigaciones como la del capitán Quispe Cárdenas continúan, recordándonos que la falta de integridad policial es nefasta para la seguridad nacional.
Por Lucero Pérez Portales
