A un día del magnicidio que estremeció a Piura y a todo el norte del Perú, las consecuencias políticas, judiciales y sociales del asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, continúan desarrollándose.
Mientras la Policía Nacional del Perú (PNP) acelera las investigaciones (no anuncia ningún avance concreto), el gobernador regional ha lanzado una dura crítica contra la institución, un sospechoso se ha entregado —aunque negando los cargos—, y en el plano político local han surgido acusaciones cruzadas entre autoridades municipales.
El gobernador regional de Piura, Luis Neyra, anunció que solicitará formalmente al Gobierno Central un cambio integral del personal policial destinado a su jurisdicción, al cuestionar abiertamente los criterios de asignación de los efectivos.
“Estoy bastante consternado porque no es común y es algo que lamentablemente es parte de la delincuencia que avanza día a día. Queremos que capturen a los responsables para dar un mensaje de que esto no puede ocurrir”, agregó.
“Muchos de los policías que llegan a Piura no vienen por mérito ni por necesidad operativa. Vienen por amiguismo, por favoritismo”, denunció Neyra, visiblemente afectado por el crimen.
“Estoy bastante consternado porque no es común y es algo que lamentablemente es parte de la delincuencia que avanza día a día. Queremos que capturen a los responsables para dar un mensaje de que esto no puede ocurrir”, agregó.
El gobernador no proporcionó nombres ni grados específicos, pero su anuncio abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno Regional de Piura y el Ministerio del Interior, justo cuando la prioridad oficial es dar con los autores materiales e intelectuales del atentado.
Piura: sospechoso se entrega a Divincri
En el plano judicial, las autoridades reportaron un avance significativo. Un hombre identificado como Franco Castillo se presentó voluntariamente en las instalaciones de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, acompañado de su abogado y de su padre.
Según los primeros informes, Castillo decidió “ponerse a derecho” después de percatarse de que su fotografía comenzaba a circular masivamente en redes sociales, donde decenas de usuarios lo vinculaban directamente con el atentado contra el alcalde Febre. El joven habría acudido por iniciativa propia ante la presión pública y el temor a represalias.
Sin embargo, su versión dista de ser una admisión de culpabilidad. La defensa del intervenido sostiene que se trata de una acusación injusta y asegura que Castillo se encontraba laborando en una empresa embotelladora de la región al momento del crimen. Para acreditar su coartada, la familia ha solicitado formalmente los videos de seguridad de la fábrica, confiando en que las imágenes demostrarán que el joven no tuvo ninguna participación en el magnicidio.
La PNP aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la validez de la coartada ni ha confirmado si existen otras órdenes de captura vigentes. El vehículo (motocicleta) presuntamente utilizada en el ataque sigue siendo peritado por criminalística, mientras el chofer del alcalde, herido durante el atentado, continúa recuperándose en un centro de salud y ha rendido ya su manifestación testimonial.
Regidora anuncia acciones legales por difamación
En medio del duelo, la política local ha dado un giro inesperado. La regidora del distrito de Veintiséis de Octubre, Patricia Viño Febres, emitió un comunicado público en el que expresa su “total indignación y rechazo” contra las declaraciones de la señora Luz Mary Saavedra Suárez y del regidor Porfirio Girón, quienes, según el texto, la habrían señalado como “responsable de la trágica muerte” del alcalde Víctor Hugo Febre.
Viño Febres calificó dichas afirmaciones como “falsas, ofensivas y carentes de toda prueba”, y advirtió que buscan “desviar la atención y confundir a la opinión pública en un momento de profundo dolor para nuestro distrito”.
La regidora rechazó también las declaraciones del regidor Girón, a quien acusó de sumarse a “acusaciones infundadas” y demostrar “total falta de responsabilidad y respeto”.
Como resultado, Viño Febres informó que iniciará acciones legales correspondientes contra ambos por los presuntos delitos de difamación e injuria, en resguardo de su honra y trayectoria profesional. “No permitiré que se mancille mi nombre ni que se me involucre en hechos tan lamentables sin prueba alguna”, sentenció en el comunicado, al tiempo que confió en que la justicia esclarezca los hechos.
Hasta el cierre de esta edición, ni Luz Mary Saavedra Suárez ni el regidor Porfirio Girón se habían pronunciado públicamente sobre las amenazas legales en su contra.
Féretro que recorrió las calles del distrito
En medio de la consternación general, la municipalidad de Veintiséis de Octubre declaró tres días de duelo distrital en memoria de su autoridad edil.
Como parte de las honras fúnebres, el féretro de Víctor Hugo Febre fue trasladado a diferentes locales emblemáticos del distrito, permitiendo que cientos de vecinos se acercaran a rendirle un último homenaje.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran el ataúd cubierto con la bandera peruana siendo llevado a hombros por trabajadores municipales y familiares.
El recorrido incluyó el frontis de la propia municipalidad, el mercado San Sebastián y la losa deportiva del asentamiento humano donde el burgomaestre inició su carrera política. En cada parada, los vecinos rompieron en llanto y exigieron justicia con carteles que decían: “Nunca más un alcalde asesinado”.
La escalada de violencia en el norte del Perú
El asesinato de Febre, el primer magnicidio contra un alcalde en ejercicio en la historia reciente de Piura, ha puesto en evidencia el avance imparable del crimen organizado en el norte del país.
Organizaciones de derechos humanos y gremios municipales han exigido al Ejecutivo un plan de protección urgente para las autoridades de zonas críticas.
Mientras tanto, la PNP mantiene activo el Plan Cerco en la región y los equipos especializados de la Dirincri de Lima continúan reforzando las investigaciones, sin embargo, hasta el momento no han revelado avances en la identificación de los responsables.
