Un teléfono suena en la noche limeña. «Hijo, no vayas», suplica la madre de un exsoldado de 28 años que firma en Chorillos por US$5.000 mensuales en Ucrania. La crisis política condena a cientos a jugarse la vida como mercenarios, sin futuro en un país paralizado.
En Chorillos, locales clandestinos vibran con ofertas de aventura. Según revela el portal de investigación española Rebelión, reclutadores como José Ugarte, empresario de seguridad privada, captan exmilitares del VRAEM vía WhatsApp. «Es trabajo fácil», mienten, mientras la inestabilidad laboral postcrisis los seduce.
Este negocio crece un 40% desde 2025, según estimaciones de inteligencia militar peruana. Jóvenes de Cajamarca, Tarapoto y Áncash firman contratos para ser «carne de cañón» en frentes rusos.
Rutas de la muerte
Alfredo Buezo Coraua, exoficial del Ejército, lidera redes en Lima. Ocho peruanos suyos murieron cerca de Pokrovsk en 2025.
“Nos tiraron sin chalecos ni drones”, denunció Juan Pérez, desertor de 32 años que huyó tras tres meses.
La Embajada de Ucrania en Perú, consultada por diferentes medios nacionales, desmiente reclutamiento oficial. Sin embargo, vuelos chárter desde Lima llevan decenas mensuales al este europeo.
Desempleo juvenil al 18% en regiones norteñas alimenta esta fuga humana, agravada por la parálisis política que cierra fábricas y bases militares.
Mercenarios al servicio del oro sucio
La crisis política une mercenarios y minería ilegal. Exsoldados peruanos protegen campamentos en Madre de Dios, cobrando US$2.000 por escoltar dragas. «Sin Estado, las mafias pagan mejor», confiesa un anónimo en reportaje de Mongabay.
En Pataz, veteranos del VRAEM custodian minas extorsivas. La conversión de Perú en base de mercenarios internacionales genera US$10 millones anuales en comisiones, según el Instituto de Defensa Legal (IDL).
Estos flujos financian violencia local, con excombatientes regresando para servir a mafias auríferas en La Libertad y Callao.
Candidatos y su plan contra el crimen
Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular y candidata fija en la segunda vuelta 2026, ha expuesto su postura contra la minería ilegal y el crimen organizado, como su promesa de eliminar el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera, un padrón administrado por el Ministerio de Energía y Minas del Perú).
“Sí, aspiramos a que todo esto (el Reinfo) pueda ser eliminado. Ya tienen un año más, este, pocos meses en realidad para que esto ocurra y aspiramos a que en el nuevo gobierno pueda aprobarse la Ley MAPE”, expresó Fujimori.
Esta promesa forma parte de su plan de formalización gradual para pequeños mineros, con “comandos mixtos contra minería ilegal” y endurecimiento de sanciones, según su plan de gobierno 2026 reportado por el portal El Mal Menor.
El general Marco Robin Miyashiro, exjefe del Comando Conjunto, advierte en una entrevista en Youtube: “La crisis política debilita nuestras fronteras. La inseguridad ya es un problema regional. Las medidas que se necesitan van desde el control migratorio hasta el fortalecimiento de la justicia”.
El Congreso ya autorizó entrenamientos con militares estadounidenses en 2026. Perú clama soberanía antes de que sea tarde.
