El Gobierno peruano accedió a un financiamiento de 800 millones de dólares otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para la construcción de cinco nuevos penales, con capacidad para 28.000 internos, anunció el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes.
Esta iniciativa forma parte de la política penitenciaria nacional y no incluye el traslado de presos extranjeros, como algunos medios especularon.
“No tenemos información sobre otra utilización de estos centros”, aclaró el titular del MEF durante una rueda de prensa con corresponsales internacionales.
Objetivo: reducir la inseguridad y recuperar la confianza inversionista
Según explicó Pérez Reyes, esta inversión está directamente relacionada con la lucha contra la criminalidad, un fenómeno que “afecta seriamente la inversión” y ahuyenta a capitales extranjeros por la percepción negativa del clima social y económico del país.
El ministro mencionó que la criminalidad podría costarle al Perú hasta el 3% del PIB, si se suman los gastos del Estado, la inversión en seguridad privada y el impacto en sectores como la minería ilegal o el transporte urbano.
“Sea cual sea la cifra, es demasiado dinero que se podría usar para otros fines”, remarcó.
Cárceles modernas para peruanos sentenciados en el país o repatriados
El ministro subrayó que las nuevas cárceles están pensadas exclusivamente para ciudadanos que cometan delitos en Perú o peruanos extraditados desde el extranjero, desmintiendo rumores sobre la posibilidad de que el país reciba presos migrantes detenidos por otros gobiernos, como el de Estados Unidos.
Respuesta frente a la emergencia en regiones golpeadas por el crimen organizado
El anuncio se produce mientras varias provincias peruanas permanecen en estado de emergencia, principalmente por delitos vinculados a la extorsión, el sicariato y la minería ilegal.
Esta medida se suma a otras estrategias de seguridad ciudadana con el objetivo de recuperar el control de zonas vulnerables y garantizar la paz social.
