“Es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores”, expresó la presidenta de La República, Dina Boluarte, tras la violación sexual y posterior asesinato de una de menor de 12 años edad, en Lima.
La mandataria hizo un llamado al Poder Judicial y al Ministerio Público para que los autores de delitos muy graves no reciban ningún tipo de beneficios. En aras del sentido de justicia para las víctimas y su entorno, pidió que se impongan penas que garanticen que los victimarios no puedan seguir cometiendo crímenes.
«Ante hechos de esta magnitud, que deberían ser inconcebibles en cualquier sociedad, es momento de tomar medidas drásticas. Debemos abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores. No podemos permitir que individuos como estos sigan caminando libres por nuestras calles”, recalcó.

¿Por qué es imposible?
La última vez que se habló de la pena de muerte para los violadores de menores de edad, fue en octubre de 2023: los congresistas de la Republica integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Popular, presentaron el Proyecto de Ley de reforma constitucional que modifica el artículo 140 de la Constitución Política del Perú con el fin de incorporar la pena de muerte en caso de violación de menores de edad, sicariato, extorsión y tráfico de menores.
La propuesta no prosperó pues se requiere que el Perú renuncie al Pacto de San José. En 2020, la Defensoría del Pueblo indicó que “imponer la pena de muerte para los delitos de violación de mujeres y menores de edad obligaría al Estado peruano a retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos, eliminando con ello uno de los principales mecanismos de protección de los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos”.

También remarcó que “en nuestro país, la Constitución Política de 1979 restringió la pena de muerte al delito de traición a la patria; en consecuencia, hoy en día el Estado peruano no podría imponer la pena de muerte a otros delitos. Asimismo, recordó que en 1994 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC-14/94, en la cual señaló que el Perú no podría ampliar los supuestos de pena de muerte”.
“Medida populista”
“No debemos tener ningún tipo de contemplación con quienes se atreven a dañar a nuestros niños y niñas, que son lo más sagrado, lo más intocable para nuestras familias peruanas”, manifestó la mandataria; sin embargo, con la barrera de índole internacional, el abogado penalista Alfredo Galindo Peralta, explicó a BuenaPepa que la medida “es populista”.
“Dentro del actual esquema jurídico, es materialmente imposible que se dicte una norma penalizando con pena de muerte a los autores de violación sexual contra menores de edad. El Tribunal Constitucional lo declararía inconstitucional y si es que pasa este filtro seria la Corte Interamericana quien lo deje sin efecto”.
“Lo que sí sería más viable es aplicar la pena de muerte por extorsión, porque la Constitución tiene los presupuestos para terrorismo y traición a la patria. Y si la extorsión se considerase terrorismo, sería más fácil y sin repercusión contra los derechos humanos. Los más fácil no lo aplican: está en el artículo 140 de la Constitución”.
Hasta marzo de 2024, según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el 11,91% de reos del país (11, 392) están reprimidos de su libertad por delitos contra la libertad sexual en agravio de niños y adolescentes. Ocupa el segundo lugar, superado por los robos agravados.
Abuso sexual contra menores: un problema mundial
Según Unicef (para cada infancia) Más de 370 millones de niñas y mujeres en todo el mundo se ven sometidas a violaciones y abusos sexuales en la infancia.
En el informe publicado en octubre de presente año, detalla que “la mayoría de los casos de violencia sexual en la infancia se producen durante la adolescencia, con un repunte significativo entre los 14 y los 17 años”.
Los estudios muestran además que “los niños y niñas que sufren violencia sexual son más proclives a padecer abusos repetidos. En este sentido, la implementación de intervenciones específicas durante la adolescencia es crucial para romper este círculo y mitigar las consecuencias a largo plazo de esos traumas”.
Según muestran los datos de Unicef, la violencia sexual contra la infancia está muy extendida y traspasa las fronteras geográficas, culturales y económicas. El mayor número de víctimas se registra en África Subsahariana, con 79 millones de niñas y mujeres afectadas (22%). Le siguen Asia Oriental y Sudoriental con 75 millones (8%), Asia Central y Meridional con 73 millones (9%), Europa y América del Norte con 68 millones (14%), América Latina y el Caribe con 45 millones (18%), Norte de África y Asia Occidental con 29 millones (15%) y Oceanía con 6 millones de víctimas (34%).