La pena de muerte en nuestro país se encuentra prescrita en el artículo 140º de nuestra Constitución Política, estableciendo de manera genérica que solo se puede aplicar en los siguientes casos: Traición a la patria en caso de guerra y Terrorismo; sin embargo, hace la salvedad que la pena de muerte debe aplicarse de acuerdo con las leyes y los tratados internacionales de los que el Perú es parte.
Por lo tanto, a fin de ejecutar en la práctica lo expresado por la señora Dina Boluarte, en principio, debe realizarse una modificación o reforma constitucional, en dos legislaturas y con los votos de 87 congresistas, para incluir, en el artículo 140º descrito, la pena de muerte para sentenciados por violación de menores de edad. Actualmente, el Código Penal establece cadena perpetúa para este tipo de delitos, cuando son menores de 14 años.
Sin embargo, no sólo tendría que realizarse la reforma mencionada; sino, denunciar en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José para viabilizar la salida del Perú de dicho acuerdo, lo cual, por supuesto, no se realiza de un día para el otro, toma un buen tiempo ejecutarlo.
Además de ello, se debe modificar el Código Penal y regular dicha sanción para el delito de violación de menore de edad. Actualmente, la pena de muerte para casos de terrorismo no se encuentra regulada en el Código Penal para casos de terrorismo, por ello, siempre se dijo que esta inclusión era meramente populista y circunstancial.
Soy un ferviente creyente en aplicar penas duras a delitos graves y establecer límites al poder de la Corte IDH y su comisión, notoriamente ideologizada y extremadamente omnisciente, pero, forzar el retiro del Pacto de San José, realizar la reforma constitucional y legal necesarias para poder ejecutar la pena de muerte, luego de ello, establecer toda una estructura institucional para su correcta ejecución y capacitaciones requeridas para reducir, lo más posible, los márgenes de error, nos tomaría un lapso de discusiones, cálculos políticos y populismos innecesarios para un país cansado de discutir.
El camino, creo, debe ser aplicar las penas más severas establecidas, construir establecimientos penitenciarios en zonas alejadas de nuestro país donde recluir a estos innombrables y reforzar el sistema de justicia ad hoc para estos casos, empezando por capacitar a la PNP que se dedique exclusivamente a estos despreciables delitos.
El populismo de la presidenta es innegable y, la verdad, seguramente ni idea debe tener de lo que realmente significa establecer la pena de muerte en nuestro país.
Para muestra un botón: el Ministerio de Justicia informó el último domingo que creará una comisión especial para evaluar la aplicación de la pena muerte en casos de violación a menores de edad, La comisión estará «encargada de realizar debates públicos a fin de evaluar las propuestas dirigidas a ampliar la aplicación de la pena de muerte al delito de violación sexual de menores de edad».
La mesa del populismo y manipulación está servida, mientras tanto, nuestro país se sigue desangrando sin solución.
Carlos Talledo Manrique
Abogado Constitucionalista
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