A pesar del estado de emergencia, las mafias del oro imponen su ley en Pataz, La Libertad. Con armamento de guerra, control territorial y respaldo social, los grupos criminales siguen operando con impunidad mientras el Estado fracasa en recuperar el orden.
La emergencia que no emergió: una estrategia sin impacto
Desde que el Gobierno decretó el estado de emergencia en Pataz, poco o nada ha cambiado. Las Fuerzas Armadas y la Policía realizan incursiones esporádicas, incautan armas, dinamita y municiones, pero no logran desmantelar las verdaderas estructuras de poder.
Las bandas como “Los Pulpos”, “La Gran Alianza”, “La Jauría” y la liderada por alias ‘Cuchillo’ siguen firmes, dominando el negocio de la minería ilegal de oro con una maquinaria bien financiada y jerárquica. Los “parqueros” capturados son apenas piezas menores de una red mucho más compleja.
Un distrito gobernado por el miedo
En Vijus y otros caseríos de Pataz, el temor es ley. Encapuchados controlan rutas hacia bocaminas ilegales. La producción de oro no se detiene ni de día ni de noche. Los toques de queda y las “cuotas de seguridad” son impuestos por delincuentes, no por autoridades.
“Aquí no manda el Estado, manda el miedo”, resume un comerciante local.
La minería artesanal se ha transformado en un imperio criminal que destruye vidas, bosques y comunidades. Más de 100 asesinatos han ocurrido desde 2023, incluyendo ejecuciones masivas como la del 2 de diciembre (10 muertos) y la del pasado mayo (13 mineros hallados maniatados y ejecutados).
Una economía de guerra y sangre
Según fuentes oficiales, más del 40 % del oro de Pataz es ilegal, pero llega al mercado internacional gracias a una red de testaferros, transportistas y empresas fachada. Todo esto opera bajo el paraguas de una institucionalidad débil y muchas veces cómplice.
El REINFO (Registro de Formalización Minera), diseñado para integrar a los informales, ha sido distorsionado y utilizado como escudo legal por los criminales. En vez de formalización, se ha convertido en blindaje.
Silencio, complicidad y abandono institucional
Mientras algunos funcionarios locales y policías son señalados por complicidad o inacción, el resto del aparato estatal no da señales de una estrategia clara o sostenida. La justicia no llega, la inversión social es escasa y la presencia del Estado es efímera.
¿Qué necesita Pataz?
- Una política integral, más allá de los patrullajes.
- Recuperación del tejido institucional y el liderazgo local.
- Protección real para los ciudadanos, especialmente para quienes no tienen otra salida laboral que la minería informal.
- Y, sobre todo, voluntad política firme para enfrentar a las mafias del oro sin temor ni cálculo.
Conclusión
Pataz no es solo un problema de minería ilegal. Es una alerta roja sobre el colapso del Estado de derecho en zonas ricas en recursos, pero abandonadas por las políticas públicas. Mientras el oro siga valiendo más que la vida, este rincón de La Libertad seguirá teñido de sangre, corrupción y silencio.
