En el ojo de la tormenta. El nombre del coronel Avellaneda quedó bajo fuerte cuestionamiento luego de que pobladores difundieran audios en los que denuncian un presunto resguardo irregular del Ejército Peruano durante el traslado de mineral en el distrito de Pataz.
La polémica creció aún más tras conocerse que el Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy admitió un hábeas corpus preventivo a favor de Harold Amaya Miñano. En la demanda se señala como involucrado al coronel Avellaneda y a otros efectivos policiales y militares por una presunta amenaza contra la libertad personal del denunciante.
Audios generan indignación en Pataz
Los registros de voz difundidos por ciudadanos causaron malestar entre la población. En uno de los audios, una mujer asegura que efectivos militares habrían acompañado y protegido el traslado de plataformas cargadas con mineral.
“Hoy día andan dos plataformas cargando y el Ejército, los cachacos ahí cuidándolo para que carguen”, se escucha en la grabación.
La denunciante también cuestiona que los militares, en lugar de brindar seguridad a la población, estarían presuntamente favoreciendo intereses particulares vinculados al transporte de mineral.
Pobladores reclaman rol del Ejército
En un segundo audio, otra pobladora expresa su molestia y recuerda que la comunidad apoyó la presencia del Ejército con la esperanza de recuperar la tranquilidad en la zona.
“No es justo que nosotros hagamos actividades para que haya plata y sirvamos al Ejército, y ahora el Ejército cuide las camionetas”, señala en el testimonio.
Las denuncias han incrementado la tensión en Pataz, una provincia golpeada por la minería ilegal y los constantes hechos de violencia.
Hábeas corpus pone bajo la lupa al coronel Avellaneda
De acuerdo con la resolución judicial, los hechos ocurrieron el pasado 29 de mayo de 2026 en la Mina Ventura. Según la denuncia, el coronel Avellaneda y otros efectivos habrían amenazado con detener a Harold Amaya Miñano, quien trabajaba como agente de seguridad privada.
Ante ello, el juzgado ordenó que el coronel, o quien haga sus veces, informe en un plazo de 24 horas si existía alguna disposición, operativo o mandato para intervenir o detener al denunciante.
Asimismo, la autoridad judicial solicitó precisar la identidad completa, grado, cargo y situación funcional de todos los efectivos militares o policiales que habrían participado en los hechos denunciados.
Ordenan evitar intervenciones arbitrarias
La resolución también dispone que los efectivos policiales y militares se abstengan de realizar intervenciones o detenciones arbitrarias fuera de los casos establecidos por la Constitución, como flagrancia o mandato judicial.
El caso ha generado preocupación entre los pobladores, quienes exigen explicaciones inmediatas sobre el verdadero papel que vienen desempeñando algunos miembros del Ejército en la provincia de Pataz.
Mientras tanto, la pregunta sigue creciendo entre los ciudadanos: ¿las fuerzas del orden fueron enviadas para proteger a la población o para resguardar intereses particulares?
