Desde el lado constitucional, es muy cuestionada la decisión del Congreso de otorgar a la Policía la investigación preliminar; desde el lado moral, hay dudas sobre la capacidad de los agentes del orden por desarrollar una investigación sin sesgos y a luz de la justicia.
Prueba de ello es que entre 2021 y 2024, 4 482 Policías fueron pasados al retiro por medidas disciplinarias: 4 271 suboficiales y 211 oficiales, 95% y 5%, respectivamente.
En Trujillo, el ultimo indicio de corrupción fue registrado en la Comisaría de Nicolás Alcázar, (El Porvenir) en donde un oficial fue grabado mientras pedía dinero a sus subalternos para la construcción de un comedor; además, se ventiló que los agentes policiales pagaban para que se les justifique sus faltas.
Sin embargo, la Ley que regula el Régimen Disciplinario de la PNP, señala que “faltar por más de 5 días calendario en forma consecutiva a su unidad, sin causa justificada”, es castigada directamente con el pase definitivo al retiro.
Desde el lado jerárquico, la Policía a usado el argumento de “déficit de policías”, como una de las limitaciones para frenar la ola delictiva.
Cifras en aumento
Entre 2021 y 2022 el número de agentes expulsados subió de 1 206 a 1 445; sin embargo, se redujo a 1041 en 2023. En lo que va del 2024, 790 fueron separados de sus funciones.
Entre el 2018 y 2023, 23 824 fueron pasados a situación de retiro por faltas consideradas ‘muy graves’, en ese periodo de tiempo, un promedio de 11 agentes por día; 8 129 oficiales fueron suspendidos de manera temporal informó Inspectoría de la PNP.
Mirada de ciegos
Un denuncia sin eco. El 26 de agosto, la Contraloría General de La República informó que más de 300 oficiales de la PNP que pasaron al retiro no devolvieron armas ni equipo policial del Estado. La data abarca el periodo 2015-2024, situación que “pondría en riesgo el destino y la posesión final de estos por no cumplir con la devolución en los plazos establecidos”, según la entidad.
La comisión de control ha evidenciado que la PNP no ha procedido a notificar a los oficiales en retiro que adeudan armas y equipo policial de propiedad del Estado para que los devuelvan. Tampoco ha informado a la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio del Interior para que formule la denuncia respectiva, como lo establece la Directiva de la PNP N° 04-09-2018-DIRGEN-PNP/DIVLOG-B.
