Entre gallos y medianoches la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha repuesto como fiscal suprema a la Dra. Patricia Benavides, pero, no sólo ello, también pretende reponerla en su anterior cargo de fiscal de la nación, lo que, en mi concepto, es absolutamente inconstitucional, creando un conflicto institucional innecesario y peligroso.
Como premisa inicial debemos aclarar que la JNJ tiene todas las facultades para nombrar, destituir y restituir a los miembros del Ministerio Público y el Poder Judicial, eso no está en discusión. El problema radica en exceder sus facultades constitucionales y disponer, sin fundamento jurídico alguno, recupere su anterior cargo de fiscal de la nación.
El Ministerio Público en guerra
Al respecto debemos recordar que en octubre del año pasado la Dra. Delia Espinoza fue elegida nueva fiscal de la nación, en reemplazo de la destituida Patricia Benavides Vargas, para un período de tres años. La elección fue realizada por la Junta de Fiscales Supremos, de conformidad con lo establecido en el artículo 158.º de nuestra Constitución, conforme a los procedimientos establecidos en los reglamentos correspondientes.
Efectivamente, el artículo 158º de nuestra Carta Magna establece, en sus dos primeras líneas que el Ministerio Público es autónomo y que el fiscal de la nación lo preside. Además, señala que el fiscal de la nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos.
En ese sentido, la elección de la Dra. Delia Espinoza cumplió con lo establecido en nuestra Constitución, debiendo respetarse su elección, aunque ello no nos agrade.
Personalmente, no estoy de acuerdo con la posición ideológica tanto de la fiscal de la nación como de la presidenta del Poder Judicial; quienes defienden intereses subalternos y promueven la politización de la justicia; sin embargo, ello no es óbice para respaldar un acto político que transgrede lo establecido por nuestro texto constitucional.
Lamentablemente vivimos en una lucha permanente por el control de las instituciones judiciales y fiscales desde hace un buen tiempo, simplemente para su utilización política, lo cual, las debilita, desprestigia y carcome los cimientos de nuestra endeble democracia.
Esta lucha encarnizada traerá como consecuencia, una vez más, que algún oportunista con ínfulas de dictador bananero llegue al poder con la intención de, bajo su control, «reformar» las instituciones sobre las que se construye una democracia y controlarlas para su beneficio, apelando a demagogias y populismos baratos que calan fácilmente una población cansada de un sistema democrático que, aparentemente, no beneficia a nadie.
En conclusión, el actuar de la Junta Nacional de Justicia es absolutamente inconstitucional, la Dra. Benavides podrá retomar su cargo de fiscal supremo, pero, no debe permitirse que vuelva al cargo de fiscal de la nación, aún cuando quien actualmente ostenta ese cargo no sea la persona más adecuada para dirigir una institución tan importante como el Ministerio Público.
La institucionalidad democrática debe defenderse a pesar de nuestras preferencia políticas o ideológicas, simplemente debe prevalecer la Constitución.
Carlos Talledo Manrique
Abogado Constitucionalista
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