La minería informal ya no solo opera en socavones y rutas clandestinas. Hoy también tiene presencia en el Congreso.
Especialistas advierten la existencia de una llamada Bancada Reinfo, un grupo multipartidario que impulsa cambios en las reglas del sector minero y que, según analistas, responde a intereses vinculados a la minería informal.
Minería ilegal y una bancada que cruza partidos
El experto en minería Iván Arenas sostiene que este bloque actúa como una coalición política con objetivos claros. #Tiene interés político y electoral», señaló al referirse a la influencia que ha ganado este sector en el Legislativo.
Una advertencia similar había realizado César Ipenza, del Observatorio de Minería Ilegal, al cuestionar las reiteradas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mecanismo que —según especialistas— no logró formalizar al grueso de mineros informales.
Congresistas como Guido Bellido, Luis Ángel Aragón y Katy Ugarte respaldaron la última prórroga del registro, que ha sido extendido en cinco ocasiones.
Minería ilegal: cambios en las reglas del juego
El último 17 de marzo, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó un dictamen que propone modificaciones sustanciales al régimen minero.
Entre los cambios planteados figuran:
- Reducir de 30 a 15 años el plazo para iniciar producción.
- Eliminar el carácter irrevocable de las concesiones.
- Establecer nuevas condiciones para concesiones ya otorgadas.
- Obligar a empresas formales a firmar acuerdos con comunidades.
Para especialistas, estas medidas podrían afectar la estabilidad jurídica del sector y desincentivar la inversión.
Mineros en carrera electoral
El avance político de la minería informal también se refleja en el proceso electoral.
Investigaciones periodísticas señalan que al menos 64 candidatos al Congreso tienen o tuvieron vínculos con el Reinfo. De ser elegidos, fortalecerían la denominada “Bancada Reinfo”.
Entre los postulantes figuran dirigentes y asesores vinculados a gremios mineros, como integrantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), que actualmente participan en listas de distintos partidos políticos.
Un negocio millonario
El crecimiento de este sector no es menor. En 2025, la minería ilegal exportó más de 100 toneladas de oro, generando ingresos superiores a los US$ 11.500 millones.
Para analistas, este poder económico explica su creciente influencia política y su capacidad de financiamiento en campañas electorales.
Riesgos para el canon y las regiones
Según Iván Arenas, modificar el régimen de concesiones podría tener efectos directos en los ingresos de las regiones.
«El canon minero depende de la inversión. Sin estabilidad jurídica, no hay inversión, y sin inversión no hay canon», advirtió.
El especialista recordó que en provincias como Espinar o Chumbivilcas, entre el 70 % y 80 % del presupuesto proviene de recursos mineros.
«De cada diez soles que reciben las municipalidades, siete u ocho vienen del canon o regalías. Si eso se reduce, los más afectados serán los sectores más pobres”, señaló.
El dictamen aprobado en comisión obtuvo 11 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, y ahora deberá ser debatido en el pleno del Congreso.
Mientras tanto, el avance de la minería informal en la política abre un nuevo frente de discusión: no solo sobre la legalidad de la actividad, sino sobre quién está influyendo en las decisiones que definirán el futuro del sector minero en el Perú.
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